Propuesta

Estamos necesitados más que nunca en la historia de un modelo viable y duradero de organización social y económica. Un modelo socialmente justo, económicamente estable y medio-ambientalmente sostenible. Observamos con resignación e impotencia una creciente falta de conectividad e identificación de los ciudadanos con los políticos o, para ser más exacto, con las visiones y programas económicos y sociales propuestos y sostenidos por los políticos de la actualidad. Hablan cada vez más alto y se empeñan en crear percepciones cada vez más visibles ante cada vez menos gente o, mejor dicho, ante cada vez menos gente que les apruebe y les apoye en las urnas. Esto se debe al hecho de que éstos se dirigen y tratan a los primeros en términos de clases y categorías bien definidas y estables en tiempo y latitud: trabajadores, jubilados, estudiantes, socialmente dependientes, independientes, parados, con derecho a prestaciones sociales y sin derecho a ellas, productivos, improductivos, personas en situación económica precaria que se la merecen y personas que no, pobres con hijos y pobres sin hijos y, en general, buenos y malos ciudadanos. En otras palabras, nos quieren convencer que en cada situación dada sólo puede haber dos colores, blanco o negro, a pesar de la amplia variedad de grises que la realidad nos presenta. Y eso es lo que más temen y, al mismo tiempo, odian. El motivo es sencillo, los matices son difíciles de definir, obtener consenso sobre ellos y, consecuentemente, controlar sin discriminar, con o sin justificación. Tener las cosas en blanco y negro, una u otra, ayuda, y mucho, al que gobierna, pero tiene dudosos efectos beneficiosos en los gobernados. Los políticos de hoy declaran por lo alto entender a los ciudadanos, saber exactamente en todo momento lo que necesitan o quieren y, sobre todo, el modo de proveérselo; y aquí se incluyen, se entiende, las políticas monetarias y las necesarias -según ellos- medidas de austeridad. Dan por sentado que cada uno de los ciudadanos solo puede pertenecer a una o un determinado número de categoría/s en un momento o contexto socio-económico dado. Asimismo, que cada ciudadano es en todo momento consciente y tiene clara/s la/s clase/s o categoría/s a la/s que pertenece, que cada uno sabe su lugar en relación a los demás, y esto, insisten, es lo más importante para el ciudadano y para sus iguales. Me pregunto si no es exactamente al revés. Cada vez más voces sostienen que la política de hoy va más sobre los políticos, sobre sus personas, que sobre sus acciones públicas. Suponer que cada ciudadano pertenece a una categoría o clase social y actuar en consecuencia, es algo más que mala política que puede tener algún efecto adverso secundario y pasajero en la cohesión social, la economía o las instituciones democráticas. Su cómoda suposición tiene efectos sistémicos y nos empuja invariablemente a uno al menos de estos resultados: suicidio político y vacío irresponsable de poder; en la mayoría de los casos, a crisis de legitimidad democrática; en algunos casos extremos, a anarquías, individualismo antisocial y nacionalismo violento; y, en todos los casos, a irreparables y tensas polarizaciones sociales (ganadores y perdedores, explotadores y explotados, en esta situación sí hay dos colores solamente). Y para completarlo, constituye también un insulto a la inteligencia de los contribuyentes o, como mínimo, de sus electores y seguidores. Es triste constatar lo mucho que los políticos de hoy se parecen a los arrogantes, egocéntricos, corruptos y paternalistas tiranos y monarcas del, no muy lejano, pasado o, en algunos países asiáticos, incluso del presente. Y es más triste aún sabiendo que, dado el reducido número de alternativas a los sistemas de organización social que tenemos, ellos son, y asumen que deben serlo, los únicos habilitados (iluminados) para tomar en nuestro nombre todas las decisiones importantes que afectan a diario nuestro bienestar y nuestros planes de futuro. Por último, pero no por ser menos importante, los políticos no tienen más remedio que pensar a corto plazo, plazos de mínimo 4 y máximo 10 años, eso es, viven bajo la dictadura del corto plazo, pero no porque optaron a ella, sino porque es parte inextricable del actual sistema. Cuando Juncker dijo: “Sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo ser reelegidos después de hacerlo” no hizo más que enunciar obviedades (hay que moralizar a la política no hacer política con la moral) y reafirmar maldiciones del pasado de la política sin ofrecer solución alguna. Todos sabemos, a muy pesar de todo ello, que en realidad la conciencia que cada uno tiene sobre sí mismo está lejos de ser clara, bien definida y estable, temporal y contextualmente. Una vez superados nuestros miedos más profundos, racionales o no, las manifestaciones de nuestras creencias e ideas y nuestras relaciones sociales, nuestras personalidades en acción, son mucho más prolijas, variadas, plásticas, adaptables y sorprendentes. En cualquier caso, somos mucho más que las clases en las que los gobiernos nos colocan con la legítima intención de hacernos más "gobernables" o controlables en beneficio, dicen, de nuestro bienestar y/o seguridad. Somos mucho más y mucho mejores que las teóricas máquinas de convertir bienes en felicidad. La pura verdad es que, de un modo políticamente incómodo, todos somos diferentes y en continuo cambio y adaptación y, en cualquier caso, nuestras pasiones y motivaciones son mucho más variadas e, incluso, menos racionales y predecibles que la de buen consumidor/contribuyente convenientemente teorizado por los economistas con influencia en las políticas socio-económicas actuales, estrechos de vistas y con soluciones abstractas y generalizadoras. Estamos acostumbrados a que lo único que necesitamos es un buen líder, unas instituciones justas, uno modelo de organización social adecuado y unas justas medidas o acciones, al menos sobre el papel, para que todos vivamos felices, pero esta irresponsable comodidad ha empezado a enseñarnos su lado oscuro y socialmente corrosivo. Lo único que nos puede salvar de cualquiera de los dos extremos a los que esa comodidad nos lleva por defecto, la anarquía o la tiranía, es algo inédito en la historia de las estructuras y las formaciones sociales que el hombre ha creado para sí mismo: las tecnologías de la información y comunicación. Pero lo que hará que esta vez sea diferente no es el hecho de que es una tecnología nueva que determinará una sociedad y cultura nuevas, como lo hizo la máquina a vapor o el teléfono, sino su gran virtud de ser una tecnología ideológica y políticamente neutra. Hoy podemos evitar caer en la anarquía o la tiranía con sólo aplicar de un modo adecuado, pragmático, transparente y oportuno todos los conocimientos que hemos acumulado, tanto en cuestión de humanidades como los científicos. No necesitamos líderes carismáticos, nuevas y prometedoras ideologías, como las de "extremo" centro de la actualidad y más leyes, o sea más gobierno. Lo único que nos falta es transparencia democrática de la información socialmente relevante, eso es, dotar de transparencia democrática al tratamiento en condiciones de seguridad de toda la información que tenemos los unos sobre los otros, tanto la que ya tenemos como la que vamos a generar en el futuro, incluida, se entiende, la información sobre las transacciones en las que medie dinero o cualquier otro valor que lo represente.

La historia de los últimos, relevantes a propósito de este blog, 150 años nos ha revelado una tendencia de los distintos gobiernos y legisladores de turno de dejarse persuadir, si no corromper, cada vez más y con más opacidad democrática por poderosas empresas transnacionales y defender de modo prioritario sus intereses; todo ello en nombre del (¿indiscutible?) crecimiento económico y de la creación de empleo de los cuales nos han hecho dependientes. Esto ha tenido, y tiene, una decisiva contribución en la estructuración gradual y la consagración constitucional del modelo social y económico replicado en la actualidad en casi todos los países desarrollados y en desarrollo. Un modelo cuyos pilares fundacionales y funcionales son la propiedad privada, el individualismo competitivo y el consumo. En estas condiciones, el que todos queramos dinero ya no sólo no nos sorprende, sino que se ha convertido en un natural modo de vida, a pesar de presentársenos cada vez más claro como adictivo y suicida.

Un nuevo sistema monetario, moderado y optimizado por un sistema de valores sociales, o sea, un sistema donde la creación y la circulación del dinero estén supeditadas a los méritos sociales y medio ambientales, es, a mi entender y propuesta, el modo más económico y seguro de romper esta rutina política, social y económicamente destructiva, en la que estamos atrapados y evolucionar de un modo estable como sociedad. Necesitamos un modelo apolítico de organización social y económica dotado de pragmatismo y de adaptabilidad. La teoría de la separación de poderes o, para ser más exacto, de funciones que fundamenta el Estado Liberal y Social de hoy no ha dejado nunca de ser sólo una teoría, que ahora se delata a sí misma como cada vez más claramente utópica. Los presuntos controles y salvaguardias para limitar a un Estado invasivo por naturaleza frente a los derechos de los ciudadanos que le constituyeron y le instituyeron de legítimos poderes funcionan mucho mejor sobre el papel que en la práctica; y lo mismo va sobre la independencia y la neutralidad política del llamado legislador negativo y defensor de los derechos fundamentales, del Tribunal Constitucional. Cualquier estructura piramidal tendrá que tener siempre una base sólida para poder seguir en pie. Cuando la base de la pirámide se va desintegrando y fragmentando y la estructura tiende a convertirse en un inestable octaedro apuntando hacia abajo, las raíces de los elementos parásitos del medio (la abultada clase de los extractores de valor: rentistas, inversores  especulativos, bancos, creadores de "valor" para los accionistas, "fondos buitres" y sus cómplices políticos) se desvían para conectarse directamente al suelo y mantener en pie a una desafiante estructura de la gravedad, condenada a derrumbarse, que sólo sirve a mantener funcional "el negocio" de éstos gorrones. De ahí que resulta suicida seguir confiando en la estructura del actual sistema. Y da igual si la separación de poderes es efectiva o no, lo que necesitamos son poderes transparentes y comprometidos con el bien común, empezando por la atomización y la democratización del poder económico. Como cualquier estructura piramidal, la actual estructura es lineal, o sea, newtoniana, determinista, de causa y efecto, centralizada y jerarquizada, cuyos imperativos funcionales son el acato a la autoridad y el materialismo atomizado, insolidario e irresponsable. Necesitamos una forma de organización espacial, o sea, darwiniana, con forma de red descentralizada (a semejanza de Internet), cuyas partes interdependientes, personales e institucionales, continuamente y sobre la marcha se nutran y adapten las unas a las otras y todas a su entorno natural. Un sistema, a fin de cuentas, que acomode y armonice todas nuestras diferencias y aspiraciones personales, encajando sin quebrar todas las contingencias de la vida social y económica (reduciendo al máximo los riesgos sistémicos y la entropía, si se quiere, que como todo sistema lleva inevitablemente incorporada) y con la capacidad de adaptarse a cualquier cambio sin solución de continuidad, eso es, reformas políticas y sociales como las revoluciones, las guerras civiles y los derrocamientos de gobiernos, que siempre han requerido empezar de nuevo en detrimento de la paz social y el bienestar de los ciudadanos.

Hago la subsiguiente propuesta con la aspiración de inspirar debates públicos y, en el mejor de los casos, poner las bases de un modelo socialmente justo, económicamente estable y medioambientalmente sostenible, dinámico, descentralizado, funcional y adaptable. Un modelo de organización que, para mantenerse funcional, no tenga que pasar periódicamente como en la actualidad por lentos y complejos procesos políticos que, por muy democráticos, sabemos que están condenados a perder en el final su transparencia de cara al público para dedicarse sólo a mantener en el poder a la misma gente en detrimento de todos los demás. Hago, sin embargo, la mención de que el modelo que propongo será más útil como pauta o herramienta que como proyecto social, con lo cual quiero decir que los resultados pueden variar mucho en función de las culturas y/o los recursos, naturales o humanos, que le den forma y sostengan. Mi modelo será más bien como una matriz virtual y punto de partida para el cambio. Un cambio que beneficie a todos y no sólo a una restringida y excluyente clase en detrimento del resto. Será, podría incluso decir, como un andamio socio-económico degradable, ideológica y espiritualmente neutro, con la virtud de dar soporte a un número indefinido de potenciales formas de organización, todas ellas, dotadas de dinamismo, adaptabilidad y plasticidad, conservando, al mismo tiempo, su fortaleza y funcionalidad. Extrapolando el famoso axioma de Darwin, no será la más fuerte de las estructuras sociales la que sobrevivirá, tampoco la más inteligente, sino la más adaptable al cambio.

En consecuencia, propongo:

1. (i) Digitalizar todo el dinero en efectivo en circulación. (ii) Hacer que cada unidad monetaria, digital o electrónica, sea única y distinguible de las otras. (iii) Introducir en el sistema monetario otras unidades de valor que se devenguen con independencia del dinero pero que se exijan al gastarse éste. Por conveniencia descriptiva, los referiré como créditos personales y créditos reales, aunque podrán ser representados por cualquier otro término que mejor los describa (podrían igual de bien llamarse valores o méritos sociales). Su funcionamiento: para la adquisición de cualquier bien o servicio, con algunas excepciones, se exija a cambio, aparte del dinero, un crédito real por cada unidad monetaria del precio al consumo y para ciertos bienes, en concepto de impuesto social personal e indirecto (o sea, que grava el consumo), una cantidad variable de créditos personales, según unos criterios preestablecidos. (iv) Digitalizar toda la información socialmente relevante −empezando con la relativa a las transacciones comerciales y la identidad y la solvencia de los agentes económicos para ir añadiendo el resto y acabar conteniendo toda la información− y guardarla en servidores exclusivos en el territorio nacional de cada país. (v) Crear un sistema para el tratamiento de la información cuyas fases funcionalmente autónomas se distingan y complementen según la fórmula: ADA (Analógico <−> Digital <−> Analógico). (vi) Crear un dispositivo de identificación electrónica segura (mi propuesta es SMID, de Secure Mobile Identification Device o Dispositivo móvil de identificación segura). Asimismo, crear un dispositivo personal seguro para el almacenamiento analógico de todos los datos relativos a una cierta persona que existen en el sistema, incluyendo los registros de acceso, modificación, bloqueo, cancelación o cesión a terceros de dichos datos (mi propuesta es SAM, de Secure Analogic Memory o Memoria analógica segura). (vii) Abolir el papel en todo el territorio nacional para servir como soporte para las pruebas documentales en los juzgados, las administraciones públicas, las transacciones comerciales y cualquier otra actividad o situación de hecho relacionada con los anteriores −los documentos en papel, como los contratos o los documentos de identidad, seguirán existiendo pero no podrán ser usados por los residentes como prueba en todo el territorio nacional; en su lugar, sólo valdrá la información en formato digital o analógico almacenada de forma segura. (viii) Abolir el interés sobre el dinero, permitiendo sólo los porcentajes sobre los beneficios –siempre que la actividad esté clasificada en el territorio nacional como económicamente productiva, socialmente útil, de investigación o de interés común− o los descuentos, en ciertas ocasiones y siempre en relación con la productividad o la utilidad mencionadas y bajo el principio de devengo. (ix) Instituir por ley un acervo de bienes y servicios que tengan la consideración de bienes necesarios y básicos. Dichos productos básicos llevarán una etiqueta blanca, por ejemplo, sin marca o distintivo alguno que identifiquen al productor, cumplirán unos estándares preestablecidos mínimos de calidad y, muy importante, su adquisición no conllevará la exigencia de crédito personal o real alguno a cambio. Proclamar al mismo tiempo el derecho constitucional de toda persona física que sea declarada necesitada de acceder GRATUITAMENTE a esos bienes. (x) Crear mecanismos legales para eliminar del sistema, en situaciones de crisis económicas, el dinero no productivo o que se presenta como socialmente inútil, tenga el posesor y el origen que tenga, así como mecanismos para crear otro nuevo dinero al servicio de las funciones sociales deseables y con el fin exclusivo de asegurar la estabilidad económica. (xi) Permitir un período razonable transitorio para la implementación por etapas de este nuevo sistema monetario y de créditos.
2. Digitalizar todo el dinero en efectivo en circulación y hacer que cada unidad monetaria digital o electrónica sea única y distinguible de las otras. En sentido negativo, declarar sin valor todo el dinero físico en circulación con el fin de ser usado y aceptado como medio de pago. Ya que el dinero es información, la digitalización del dinero físico implica crear un sistema informático que dé soporte a toda esa información y permita accederla y tratarla con seguridad, pero no sólo la información referida al dinero, sino toda la información relacionada con él, eso es, quién y con qué fines crea el dinero, quiénes son sus sucesivos posesores y en qué concepto y la relación del dinero usado en cada transacción con la productividad, la investigación y el desarrollo, la utilidad social o el interés común. Una de las mayores ventajas para la sociedad y para la economía tras la digitalización de todo el dinero es que resultará imposible cometer cualquier delito económico, incluida la corrupción civil y el cohecho, y en general cualquier infracción relacionada, directa o indirectamente, con el dinero. Otra ventaja importante del nuevo sistema será que los bancos se volverán redundantes, aunque podrán subsistir algunas entidades financieras, como los fondos de inversiones, pero los beneficios  que generen puede que no resulten tan atractivos para los inversores (véase lo propuesto en cuanto a los créditos personales y reales). Es fácil, por tanto, imaginarse la oposición que encontraría la digitalización, por ello será necesario que la presión para el cambio venga de los ciudadanos y no del mercado, por los motivos expuestos en la primera parte del blog. Incluso si viene del gobierno, para ser efectiva, la digitalización del dinero −a diferencia de la digitalización de facto del dinero que ocurre en la actualidad y como elemento esencial de la modernización que propongo− tiene que hacer que cada unidad monetaria sea única y distinguible de cualquier otra. La digitalización tendrá que ir necesariamente, tengo que insistir, de la mano con la digitalización de toda la información relativa a cualquier actividad humana con relevancia social, genere o no algún beneficio económico o material tangible (sin ser exhaustivo, estudiar, investigar, trabajar, cuidar menores o ancianos y enseñar, son algunos ejemplos de actividades socialmente relevantes).  La unidad y la estructuración semántica de la información en formato digital dentro del sistema permitirá que las personas y sus actividades sociales y económicas estén continuamente articuladas, a través de los referidos créditos, tanto con la generación y el gasto del dinero, como con la concesión de créditos para la inversión y el consumo. El dinero en la actualidad no tiene olor y confiere anonimidad a sus posesores para hacer con él lo que más les convenga, incluso si ello va en detrimento de los demás, por tanto, la humanidad se haría un gran favor si dotara el dinero de otras características que le hagan rastreable y distinguible. Primero, digitalizándolo todo, poniéndole nombre y apellidos a cada unidad monetaria, y, segundo, condicionando su gasto. Hemos mostrado mucha ingeniosidad y empeño (sobre todo por parte del sector financiero) para hacer que el dinero se multiplique, pero nuestro planeta no tiene ni los medios ni los recursos necesarios para producir todos los bienes y servicios que ahora o en el futuro se pueden comprar con todo ese dinero creado, en su mayoría, de la nada (considérese sólo el valor teórico que los modernos derivados financieros tenían en 2008, 560 trillones de euro, o sea, 12 veces mayor que el valor de la economía mundial). La siguiente fase evolutiva del hombre será poner límites al consumo. La solución obvia será, por tanto, condicionar el gasto, y que el condicionamiento venga del propio sistema. Pero no del sistema que hoy conocemos, sino de un sistema inclusive, omnicomprensivo y omnisciente que esté constituido por toda la información que las personas tengan a su disposición sobre las otras, en condiciones de transparencia y seguridad. Llegado con la lectura hasta aquí, cualquiera argüiría que el condicionamiento del gasto se puede volver muy complicado, si no, en la mayoría de los casos, imposible. En efecto, dada la contingencia, el dinamismo y la infinita variedad de las relaciones comerciales (piénsese en las distorsiones a las que es sometido cualquier mercado, nacional o internacional, por la sola existencia de los contratos de futuros, muy frecuentes en la bolsa) y la incontenible globalización de los productos financieros y, en general, de cualquier negocio, resultaría imposible distinguir, averiguar o prever todas las situaciones, lugares, momentos y tipos de transacciones en las que el dinero pueda ser ganado e invertido, y mucho menos condicionar su gasto, sobre todo si con el hipotético estudio  se pretende crear la base de una norma jurídica, sea el rango que sea. Lo que hay que hacer es cambiar de método y coger un atajo. Si bien a partir de la digitalización del dinero se resolverán todos los problemas sociales como la corrupción y  demás delitos económicos, el nuevo dinero digital, por sí mismo, no podrá conseguir que la gente mueva capitales, deje de gastar, gaste menos o, al menos, se abstenga de gastar en ciertos bienes que consumen recursos no renovable o su producción implica en alguna (des)medida la contaminación del medio. En otras palabras, ya que el dinero seguirá existiendo (y tampoco, en el futuro, podrá ser eliminado de golpe sin dejar algo en su lugar), todas las unidades monetarias por sí mismas tendrán que seguir teniendo el mismo valor y poder de compra, de modo que moralizar el dinero y hacer que sólo el dinero generado, por ejemplo, por alguna actividad productiva o socialmente útil otorgue al portador la legitimidad de gastarlo puede convertirse en un engorro para la economía y un obstáculo para las inversiones, aparte de ser un reto importante, si no insuperable, desde el punto de vista legal y tecnológico. En consecuencia, la mejor solución a todo ello será introducir en el sistema monetario unos condicionantes del gasto que se generen con independencia del dinero y que, al mismo tiempo, doten a la economía de otros valores, ajenos al capitalismo, pero deseables para la sociedad y para el medio ambiente: los créditos personales y los créditos reales.
3. La conveniencia de introducir en el sistema monetario los créditos personales y los créditos reales. Parto de la premisa que el dinero, en considerables cantidades y una vez cubiertas ciertas necesidades personales básicas, dota a su posesor de ciertos poderes extra, a mayor cantidad de dinero y menor el número de poseedores, mayor acumulación de poder. Con él se pueden adquirir medios de producción, activos financieros, materias primas, mano de obra e ideas y decidir qué, a qué precio, para quién y cuánto producir de un determinado bien o servicio que, se sabe, reporta beneficios netos (eternos beneficios y fuerza motriz del capitalismo). Asimismo, el dinero confiere status y reconocimiento social, es empleado con frecuencia para ganar influencia o participación en la toma de decisiones políticas y macroeconómicas de un país y da acceso prioritario y oportuno a la información que garantiza el éxito de las transacciones y, en general, de cualquier negocio. Es la razón por la cual todos queremos tener dinero, cuanto más, mejor, y todo lo demás lo seguirá. Pero este amor hacia el dinero que todos hemos venido cultivando desde sus principios, todos sabemos, es el origen de todos los males, y ahora amenaza al hombre con destruirle, a él y a su entorno vital. Los defensores del liberalismo económico insisten, incluso después de la lección del 2008, en que el único modo de garantizar el crecimiento económico (siendo éste otro de los errores en los que incurren) y de estimular la productividad y la creatividad es no imponiendo limitaciones al poder que proporciona el dinero y, en general, la acumulación de capital. Hasta cierto punto y en teoría esto puede valer, pero la historia nos ha enseñado que, cuando el dinero y el capital se acumulan en las manos de unos pocos, el resultado es siempre el mismo: monopolio, endeudamiento insostenible del resto, quiebras, paro masivo y profundos recortes en el bienestar social, sin hablar del consumo desmedido e irresponsable de recursos naturales no renovables y de la contaminación del medio ambiente (sobre el poder acumulado de las empresas transnacionales, véase en inglés: "The Network of Global Corporate Control", http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0025995). Como todo gran poder, éste debería conllevar también grandes responsabilidades (aunque dudo mucho que sea nuestra débil democracia de hoy la que se lo recuerde, y mucho menos imponérselo, a los “demasiado grandes para fallar”). Estoy consciente de que pretender limitar ese poder, tan arraigado en nuestra (ahora globalizada) cultura del dinero, con solamente digitalizarlo y hacerlo distinguible, roza lo utópico. Aparte de ser un proyecto multidisciplinario, tecnológica y legalmente, muy complejo, la limitación del poder económico encontrará mucha resistencia política, formal e informal, por parte de los favorecidos por el statu quo (más que nada porque tienen mucho que perder) y su eficacia será nula, por ejemplo, tras las puertas de los consejos de administración de las grandes compañías, nacionales y multinacionales, que dominan nuestras vidas −me refiero al secreto contable y a los pactos colusorios que, para asegurarse y/o consolidar el monopolio y el poder económico, se toman a puerta cerrada y nunca trascienden a los demás agentes económicos o a los consumidores, que de vuelta siempre resultan ser a largo plazo los más afectados por sus decisiones. Y si tenemos en cuenta otras realidades que se escaparían con facilidad a nuestro control, como la asimetría de la información en el mercado y, en general, cualquier contingencia de la vida relevante para la economía, nos damos cuenta que no merece la pena siquiera intentarlo. De modo que encontrar la base ideológica y legislar quién, con qué límites y en qué situación adquirir bienes y servicios puede resultar más complicado incluso que regular el clima, puesto que implica tener mucha información, marcar unos criterios objetivos claros −corriendo el riesgo, por tanto, de dejar al margen y hacer injusticia a muchas situaciones particulares− y emitir para cada caso un juicio decisorio de valor (aparte de acercarlo ideológicamente a los olvidados y odiados regímenes totalitarios). En pocas palabras, regular y crear incentivos para obtener resultados social y económicamente deseables no hará más que añadir complejidad a la complejidad ya existente y hacer que el capital y los activos se vuelvan todavía más internacionales y difíciles de rastrear (en los innumerables e intricados mundos fiscales paradisíacos).  El mejor modo, en mi opinión, de eliminar todos los efectos socialmente contraproducentes del dinero es cogiendo un atajo y condicionando la adquisición, en ciertas situaciones, de ciertos bienes escasos de la economía nacional, sean éstos clasificados como necesarios o no. Sin ser exhaustivo, me refiero a los bienes de lujo, de ocio, de divertimiento e, incluso siendo de primera necesidad, los bienes y servicios cuya calidad está por encima de unos estándares preestablecidos. El poder que confiere el dinero para adquirir estos bienes tendrá que conllevar también unas responsabilidades. En otras palabras, los que quieren acceder a ellos tendrán que aportar a la sociedad algo más que simplemente dinero. Tendrán que haber acumulado de antemano suficientes méritos sociales. Será un nuevo concepto de legitimidad socio-económica, y los créditos personales y reales lo harán posible: cuanto mayor será el poder económico, tanto mayor será la responsabilidad exigible, o sea, mayor número de créditos. Ser rico ya no será tan atractivo y gratificante, sino que conllevará más responsabilidades y compromiso social para con los que ponen todo su esfuerzo personal en proveerles esos bienes y privilegios que hoy dan por sentados. La legitimidad y el funcionamiento del sistema de créditos ni serán impuestos ni serán garantizados por la fuerza  −a través de inflexibles criterios y procedimientos legales−, sino que se afirmarán y adaptarán continuamente a la realidad social y económica a través del uso que les den los ciudadanos. El único poder que todos respetarán (y temerán), será el de la información contenida en el sistema: latente, impecable, omnicomprensivo e impersonal. Aparte de eso, será un poder que no se olvidará nunca nada. Será este mismo poder el que, me atrevo vaticinar, también acabará con las guerras. Si en todo momento los ciudadanos de cualquier país tienen en su posesión en formato analógico toda la información que les concierne, incluidos, se entiende, los datos registrales de sus propiedades, muebles, inmuebles e intelectuales, poco quedará por ocupar y dominar, ya que a partir de esa información la sociedad ocupada podrá en cualquier momento reconstituirse y marginalizar cualquier intento de ocupación y sumisión forzosa (poniendo de paso en serio entredicho el papel de la ONU o de cualquier otra organización mundial que la sustituya en el futuro, lo único que se necesitará será un lugar físico seguro para guardar unas copias en formato analógico de la información personal de todos los ciudadanos del mundo).  Es más, la democracia, a partir de la introducción del sistema de créditos, personales y reales, y de la digitalización de toda la información, podrá por fin emanciparse y liberarse del yugo de la economía (si ésta sobrevivirá como ciencia y en la estructura actual). El poder económico nunca volverá a ser tan influyente y concentrado como en la actualidad y la globalización podrá por fin liberarse de su influencia negativa y ser beneficial para todos en lo que de verdad lo es. Será el principio de una cooperación internacional pacífica y mutuamente beneficial sin parangón en la historia. En resumen, el nuevo dinero digital, complementado por los créditos y por la digitalización y el tratamiento seguro de la información concerniente a todos los ciudadanos, llevará a que: (i) el poder, sobre todo el político y el económico, se atomice, se vuelva local y se distribuya de modo transparente y en distintas medidas entre todos según los méritos sociales de cada uno; (ii) cuanto mayor sea el poder económico, mayor sea la responsabilidad social de su titular; (iii) las ideologías y gran parte de las instituciones públicas que hoy conocemos se vuelvan redundantes o, las que sobrevivan la transición al menos, se vuelvan más flexibles y funcionales -será la época del hacer (antes que hablar y construir ideologías utópicas) y de la apreciación de los valores sociales; (iv) las distintas asignaciones presupuestarias del país, y en general todo gasto público (incluidos, se entiende, los gastos en armamento y guerras) que sobrepase un límite social y económicamente seguro ante la inflación y/o el desempleo, se vuelvan transparentes y se presten así a ser decididos por todos, con respecto a su conveniencia y a su monto; (v) la producción, sobre todo de alimentos, sea local; (vi) todos seamos más interdependientes, más comprometidos con los demás, más activos socialmente y, en suma, más ocupados con los Asuntos Sociales (y Comunitarios), que es como se deberá llamar a la Economía (el 95% de la misma es sentido común de todos modos); (vii) pasemos de un sistema mercantilista, social y económico, de precios, donde el capital económico domina lo social y lo político creando explotadores y explotados, a un sistema de valores, donde capital económico, social y cultural se entremezclen óptimamente en beneficio de todos los ciudadanos y, por último, (viii) consigamos una generalizada prosperidad económica y personal basada en los méritos, la dedicación y el esfuerzo personal, físico e intelectual, de cada ciudadano (y no en créditos baratos, la gran invención financiera que ha dominado los últimos 20 años las economías consumistas de los países desarrollados y en vía de desarrollo). Es mi vaticinio para el siglo XXI. Mencionaría aquí que no soy adepto de la igualdad de las personas, mataría la creatividad, la diversidad cultural y la motivación personal de obtener el reconocimiento de los demás. Además, estoy seguro que el sistema de créditos conseguirá que, como mínimo, los ricos del futuro estén mucho más ocupados y comprometidos con el bien común, además de ser los modelos sociales a seguir y contribuir a la reafirmación  de los valores sociales tan penadamente obtenidos en el pasado y que ahora parecen haber sido ignorados/relegados frente a los económicos.
4. Los créditos personales (CPs), aparte del dinero, se exigirán en concepto de impuesto social a toda persona física (en lo sucesivo, el vocablo persona/s se entenderá referido a la/s persona/s  física/s, con exclusión de las jurídicas) para la adquisición de ciertos bienes y servicios. Su cantidad variará en función del tipo de bien y de las circunstancias personales que rodean a la persona obligada. Los CPs tendrán las características de ser: personales, intransferibles y no caducos. Sus funciones serán: (i) limitar el consumo de ciertos bienes y servicios; (ii) fragmentar y limitar el poder económico; (iii) solidarizar y sensibilizar a los ciudadanos, los unos con los otros y a todos en torno a los problemas derivados del crecimiento económico; (iv) visibilizar las externalidades y compensar la contaminación del ecosistema y (v) promover la justicia social y la igualdad de oportunidades. Los créditos, en suma, pondrán las bases y estimularán una economía muy distinta a la actual. Una economía social que vaya mucha más allá de lo comercial, de unas personas vendiendo productos a otras, y cuyos fundamentos y funcionamiento se centrarán en la calidad de las relaciones sociales y las mutualidades. El dinero actual por sí mismo nunca podrá cumplir todas estas funciones o contribuir eficazmente a su adopción. Ello se debe a que todas y cada una de las unidades monetarias tienen, desde el lado del gasto para el consumo, el mismo valor nominal, con independencia de su origen, de sus poseedores anteriores y del concepto en que cambia de manos. Sin embargo, todos sabemos que para producir bienes y servicios, sean éstos de consumo o intermediarios, hacen falta ideas, personas comprometidas, dedicación, esfuerzo y recursos naturales, además de tener que internalizar (exigencia muy discutida últimamente, tanto en la sociedad, como en la arena política) las externalidades. Los productores de estos bienes y servicios, por tanto, son los únicos que tienen la legitimidad (socio-económica) de decidir quién, en qué medida y con qué dinero tiene acceso a su adquisición, máxime cuando para su producción se emplean grandes cantidades de recursos naturales no renovables escasos que son de todos y dan sustento a todo lo que es vida en el planeta. Cada vez que renunciamos al consumo actual y ahorramos, lo hacemos pensando que, temprano o tarde, el dinero nos permitirá adquirir a cambio una cierta cantidad de bienes y servicios (o invertir en su producción o prestación). Nuestra relación con el dinero se reduce, por tanto, a la utilidad que éste nos aporta de adquirir bienes y servicios para el consumo, sin importar la categoría a la que pertenezcan: básicos, necesarios, escasos, abundantes, sustituibles, ocio, placer, cultura y reconocimiento social, lujo o divertimiento. Cualquiera que esté en la posesión del dinero, tenga éste o no origen lícito o legal (para tener una idea sobre  los efectos económicos y sociales de la anonimidad del dinero, el Banco Central noruego ha publicado recientemente en su sitio web que el 70 % del dinero en efectivo es empleado en actividades criminales, incluida la corrupción, y solo el 30 %, por tanto, en actividades económicas lícitas o legales), tiene en la actualidad el derecho incondicional, desde el punto de vista legal e, incluso, moral, de adquirir esos bienes. Incluso si, por ejemplo, hemos tomado algunas copas de más y nuestro dinero “no vale” para adquirir más en ciertos locales, siempre podemos encontrar una solución para ello. Lo mismo ocurre con el dinero ilícito o ilegal proveniente de las drogas o de las armas. A pesar de encontrar ciertas limitaciones y de requerir la “ayuda” de los expertos, en el mundo global de hoy éstas son fácilmente superables (piense sólo en los paraísos fiscales y en el secreto bancario protegido legalmente en países como Suiza, cuyos bancos aceptan felizmente, y fomentan su práctica, dinero en efectivo sin hacer preguntas). Y si hablamos del dinero fácil fruto de la especulación o proveniente de los “favores”, una vez conseguido, es “lavado” y encuentra con facilidad su camino de vuelta para integrarse en el pool del dinero anónimo e indistinguible y vale como cualquier otro dinero para adquirir cualquier bien o servicio (o, incluso, para ser entregado a cambio de cualquier otro “favor”, sean estos lícitos, ilícitos o prohibidos). Los créditos personales, junto con la digitalización del dinero (aparte de hacer imposible, como mínimo, la adquisición de los bienes ilícitos o prohibidos, la evasión fiscal y la corrupción), impondrán una limitación o un condicionamiento considerable a la adquisición de ciertos bienes y servicios. Funcionarán como cualquier otro valor que se devenga y acepta a cambio, con la diferencia añadida de que los CPs se exigirán de modo imperativo y cumplirán todas esas funciones sociales mencionadas al principio. A los efectos de hacer que los CPs cumplan una función incentivadora de la creatividad y la productividad,  será conveniente distinguir entre: créditos personales básicos (CPBs) y créditos personales específicos (CPEs). Toda persona (residente), con independencia de su edad, estatus social, sexo, etc. y de sus motivaciones personales, que asiste física o virtualmente al lugar donde se lleva a cabo una actividad, intervenga o no activamente en ella, clasificada como socialmente útil o de interés común, GENERE O NO BENEFICIOS ECONÓMICOS, tendrá derecho a una cierta cantidad de CPBs. Se calcularán a partir de un tanto fijo por hora, prorrateándose los minutos, y se asignarán a cualquier persona en función del tiempo asistido, eso es, serán créditos de asistencia personal. Cumplidas estas condiciones, el sistema, por defecto y de modo automático, los generará y asignará a favor de esa persona. Los CPEs, en cambio, se devengarán y podrán ser reivindicados sólo por desempeñar o participar, física y/o intelectualmente y de modo interactivo, en una actividad clasificada previamente por ley como socialmente útil o de interés común, igualmente, genere dicha actividad o no beneficios económicos. Su devengo y asignación serán convenidos, creando así cierto grado de compromiso social y profesional, por las partes implicadas, con la posibilidad de ser revisados por un comité ad hoc. En caso de que dicha actividad sea llevada a cabo por una sola persona, o por dos con vínculos previos de amistad o de parentesco, económicos, académicos, institucionales o de naturaleza similar, la asignación se hará SOLO por un comité ad hoc, previa solicitud del/los interesado/s. Conviene mencionar aquí que la clasificación legal de estas actividades, aparte de que se hará al principio con la participación de todos, no será exhaustiva ni constituirá una lista cerrada, sino que se ampliará y se actualizará periódicamente como consecuencia del uso y la participación de los ciudadanos, dotando a las relaciones socio-económicas de dinamismo, flexibilidad, adaptabilidad y durabilidad/sostenibilidad. Los CPEs se devengarán en función de la relación que la actividad tendrá con la utilidad social, el interés común, la investigación y la creatividad y no dependerán del tiempo, sino de los resultados, actuales o potenciales. Para calcularlos se multiplicará el número de CPBs por un índice (1,1; 1,2; … n,n, n ≥ 1; si el índice es 1,0 no se devengarán CPEs, sino solo CPBs) que será establecido a través del voto personal y secreto de los participantes en la actividad respectiva y teniendo como referencia unos criterios únicos, establecidos al principio por ley y actualizados según el uso que se les dará, según la clasificación profesional u ocupacional. Como decía, para los casos en que sólo hay dos participantes −unidos por una relación de amistad o de parentesco, económica o comercial, académica, institucional o de naturaleza similar, existiendo por tanto el riesgo de resultar afectada dicha asignación por vicios como la parcialidad o la connivencia−, hay conflicto de intereses o el resultado de la actividad es una invención o creación única difícil de estimar, la adjudicación de CPs, previa solicitud del interesado, se hará por un comité o jurado popular de legos y expertos en la materia o el sector de la actividad en cuestión. Los créditos personales, como su nombre lo indica, tendrán que ser, como regla general, intransmisibles. Con el fin de fortalecer la cohesión y de estimular el intercambio de ciertos servicios sociales estrictamente comunitarios/locales, como el cuidado de niños o de ancianos, sería sin embargo socialmente conveniente que los CPs sean transmisibles, o mejor dicho que se podrán pagar a cambio de ciertos servicios o de ser prestados por un plazo de tiempo definido, entre los miembros de la comunidad o entre amigos, parientes, colegas, etc. (en este caso, funcionarían como los "fureai kippu", o ´billetes para relaciones de cuidado´, de Japón, o los "dólares-tiempo" de EEUU; al contrario que los CPs propuestos, ambas funcionan en la actualidad como moneda complementaria, no sustitutoria, a la convencional) y siempre que en la transacción no medie dinero. En caso de que se trate de una transacción que es valorada/valorable en dinero (convencional) y el dinero es efectivamente pagado junto con los CPs, se aplicará la regla general de intransmisibilidad. La situación relacional y las cualidades personales tanto del transmitente como del adquirente que justificarán la transmisibilidad serán deducidas y calificadas en el instante de la transacción, de modo automático y de oficio, por el sistema, teniendo como base valorativa los antecedentes y situaciones de hecho digitalizados y contenidos en la base nacional de datos, que será la referencia única para toda clase de transacción. De este modo, la transmisibilidad de los CPs (solamente los básicos o, como decía, de asistencia personal), rellanarán la laguna no intencionada creada por su asignación inicial de oficio, cuando son creados por primera vez, en cuyo caso decía que son intransmisibles. Por último, los CPs tienen el potencial de revolucionar y reformar completamente el sistema punitivo y sancionador, tanto el penal como el administrativo. Menos para los delincuentes declarados socialmente peligrosos, la imposición de una pena en forma de CPs negativos, restándose del total actual o creándose una deuda pagadera a plazos, podría ser, desde cualquier punto de vista, una alternativa muy superior a la privación de libertad (considérense solo los gastos públicos que genera y su dudoso efecto socializador) y a las multas. Hacer que una persona pague con su esfuerzo personal y/o su creatividad o productividad, aparte de no generar gastos inútiles, será no sólo beneficioso para la sociedad, sino que resultará penalmente mucho más efectivo e, incluso, gratificante para la persona sancionada/penada. En cuanto a las multas o las condenas de pago de indemnizaciones y compensaciones, se mire como se mire, pagar una cantidad de dinero, en la mayoría de los casos, ni compensa, ni disuade, ni educa, ni previene, es simplemente eso: pagar; medida mucho menos efectiva, o con efecto nulo, en caso de las personas acaudaladas.
5. Los créditos reales (CRs) se generarán en todas las demás situaciones en que no se devenguen CPs. Los CRs serán transmisibles, impersonales y, en situaciones de crisis económica y como medida extraordinaria, mediante ley podrán ser declarados caducables, si se me permite la palabra. Tanto la variedad como el ingente número de situaciones en las que el capital, las cosas, las creaciones intelectuales, los bienes o, en general, cualquier tipo de activo pueden generar beneficios económicos, de modo autónomo y sin la intervención personal de sus poseedores o propietarios durante el proceso productivo, no permiten construir una definición exhaustiva de los CRs. Por ello, resulta más útil definirlos en sentido negativo. Los CRs se devengarán en todas las demás situaciones que no impliquen la intervención personal del individuo (se entiende, persona física), entendiendo por intervención tanto la mera presencia como la realización de cualquier tipo de actividad, física o intelectual, eso es, cuando con la actividad se generen CPs, sean éstos básicos o específicos.  En el caso de que sí intervienen, o para todas las personas distintas de los propietarios o poseedores del capital o los activos a lo largo de todo el proceso productivo, se devengarán a favor de sus personas (se entiende que se excluyen las personas jurídicas) los CPs que, en su momento, correspondan a cada una de ellas por el desempeño de cada actividad en cuestión. Los CRs se generarán por defecto en una proporción de 1:1 y, muy importante, serán transmisibles (cosa que, como regla general, no ocurrirá con los CPs; sobre la excepción a esta regla, ver lo expuesto sobre los créditos personales). A título de ejemplo, el capital (activos financieros y bienes de equipo) invertido en: la fabricación de un vehículo, la construcción de un inmueble (2ª vivienda) alquilado o la comercialización de un libro SOLO generarían CRs, y no CPs, a favor de los propietarios del capital, del bien, o de los derechos de autor (del libro, del plano o de las patentes); un CR por cada unidad monetaria cobrada al consumidor en el precio final (aunque el consumidor podrá, por encima o por debajo, modular y cambiar la paridad de un CR por cada unidad monetaria). Los CPs en cambio ya se habrán generado la primera vez cuando se creó/generó el capital o se materializaron las ideas a favor de sus respectivos creadores. Con ello, se conseguirá que la acumulación de dinero o capital mantenga a las personas, física y moralmente, en estrecha y continua conexión tanto con la producción de los bienes y servicios que, actual o potencialmente, éstas pueden adquirir con el dinero, como con la investigación, la creatividad y, en general, cualquier elemento de su entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. Esto podría parecer discriminatorio, pero la introducción y la exigencia de los créditos que propongo en el sistema monetario, junto con las otras medidas, es el único modo de: limitar el poder económico y el consumo, reducir las desigualdades sociales, proteger el ecosistema y hacer que el capitalismo, tenga el funcionamiento, los principios y la forma que tenga en el futuro (con eso quiero decir que, en teoría, no estoy en contra del capitalismo), sea socialmente y medioambientalmente más responsable y comprometido. El consumidor, en el término de 7 días (o, para ciertos bienes, en cualquier momento antes del final de la vida útil anunciada por el fabricante en el momento de la venta), digamos, y una vez que tenga el producto en su poder, podrá cambiar la paridad un CR por cada unidad monetaria que viene por defecto reflejada en el precio, con total autonomía y basándose solo en la información económica incluida en la etiqueta electrónica o digital del producto (que tendrá que contener, es mi propuesta, mucha más información que solamente el precio), como por ejemplo: porcentaje de los beneficios generados con la venta del producto; porcentajes de reparto de estos beneficios entre el/los propietario/s del capital y el/los empleado/s en el proceso productivo o en la prestación; la eficacia económica del producto en relación a los recursos empleados; el impacto medioambiental, la relación de la producción del bien o servicio con los recursos locales (donde el producto es comercializado), incluida la mano de obra, y, por último, los costes externalizados durante el proceso productivo. La corrección en la paridad que haga el consumidor tendrá como límite mínimo, en cualquier caso, los CRs que en la relación de 1:1 corresponden a la inversión dineraria o de cualquier otra naturaleza o a los costes de producción del bien o servicio en cuestión. Los servicios profesionales, como las de un arquitecto, abogado o médico,  tendrán asignados por defecto una cantidad mínima de CRs (aparte de los CPs) por cada servicio, acción, prestación o intervención  que el profesional (disconforme con ese mínimo) podrá disputar ante un comité popular. El vendedor/prestador pondrá el precio, dinero, y el comprador/adquirente pondrá el valor (social y medioambiental), o sea, los CRs. Lo mismo al adquirirse bienes y servicios públicos. Muy importante, el adquirente del bien o servicio pagará tantos CRs como 1:1 correspondan al precio, pero el vendedor, prestador o transmitente (lo haga en su nombre o de terceros), sólo recibirá los CRs que el adquirente/comprador decide concederle, de modo que tendrá más importancia el proceso productivo, eso es, su relación con los recursos empleados, incluidos los humanos, y el impacto que tenga en el medio ambiente, que solamente al precio, cosa que indiscriminadamente ocurre en la actualidad. Asimismo, se declarará por ley que todo el dinero conseguido con la venta o la comercialización de todos los bienes y servicios en territorio nacional que no esté cubierto por CRs, por haber conseguido de los compradores/adquirentes menos créditos reales que dinero, no podrá ser ni gastado, ni tampoco repartido como dividendos, durante o al finalizarse el ejercicio fiscal, por la sociedad o por el titular de la actividad. Asimismo, dicho dinero tampoco podrá ser transferido al extranjero. Se entiende que el dinero que no esté cubierto por CRs, al igual que cualquier otro introducido desde el extranjero, podrá ser invertido de nuevo en la economía nacional en cualquier momento y sin tener que cumplir otro requisito legal (haciéndole de paso justicia social a la economía). Cuando la adquisición de un bien se haga a favor de una persona jurídica, el adquirente y representante legal de la misma que firma el contrato de adquisición, tendrá que poner “de su bolsillo” los CPs que correspondan, según la categoría a la que pertenezca y siempre en relación con la productividad o la creatividad dentro de la actividad a la que dicho bien se asigna. De modo que, se exigirán en cualquier caso CPs, tantos como resultarán de las circunstancias personales del representante legal, para la adquisición de bienes que entren en la categoría de lujo, ocio o divertimiento o no tienen relación con la productividad. De este modo, por un lado, las personas físicas ya no podrán “escaquearse” fiscalmente, escondiéndose detrás de una persona jurídica, y se verán forzadas a hacer su contribución personal a esa gran empresa social mutua. Por otro lado, se conseguirá que el capitalismo se corrija a sí mismo y sea, por fin, social y medioambientalmente responsable. Todo ello, sin requerir leyes complejas y la intervención (tardía, probable e ineficaz, en la mayoría de los casos) del gobierno y/o del legislador. Además, los créditos situarán al consumidor y a sus necesidades en el centro de la economía. Pasará de una posición pasiva a una activa y determinante, hecho inédito en la historia de cualquier tipo de organización social. El consumidor, de modo directo e inmediato, y sin tener que esperar (unos 5 años, más o menos) a que eventualmente lo haga el gobierno de su elección, podrá moderar (moralizar, si se quiere) el capitalismo y hacer que sea más responsable y comprometido con lo que, en realidad, constituye su base material y es la razón de que siga existiendo: las personas y sus ideas. En cuanto a la diferencia entre los CRs y los CPs, los primeros se exigirán de modo imperativo a todos los residentes en el territorio nacional para la adquisición de cualquier bien o servicio producido o importado en la economía −menos para los declarados de primera necesidad (cuando sean adquiridos, claro, por una persona declarada necesitada) y para los de inversión, siempre y cuando dicha inversión tenga por objeto la investigación, el desarrollo y la producción de los bienes o la provisión de los servicios que previamente hayan sido declarados por ley como socialmente útiles o de interés común−, mientras que los segundos se exigirán, aparte de los correspondientes CRs, únicamente para la adquisición de los bienes y servicios que la ley categorice como bienes y servicios de lujo, de divertimiento (incluido el alcohol y el tabaco) o para el ocio.  Se exigirán incluso para la adquisición –aplicándose, en su caso, a la parte proporcional− de algunos bienes y servicios cuya calidad, aun tratándose de bienes de primera necesidad,  está por encima de unos estándares funcionales y de calidad preestablecidos por ley o en caso de que, para el adquirente, no tengan la consideración de necesarios (piense en el caso de adquirir la segunda vivienda o un segundo coche). Otra distinción importante es que el devengo y la obtención de los CPs, aparte de requerir siempre la intervención de la persona física en cuestión y de ser intransferibles, tendrán dos limitaciones difícil, si no imposible, de obviar: EL TIEMPO y el COSTE DE OPORTUNIDAD. 24 horas transcurren igual para el rico que para el pobre, de modo que ser económicamente pudiente servirá de mucho menos que en la actualidad o, en muchos casos, no servirá de nada. En cuanto al coste de oportunidad, los bienes de lujo, por ejemplo, le costarán al rico no solo dinero, sino también CPs, de modo que tendrá que decidir si (mal)gastar los créditos en ese producto o en otro que tiene las mismas características o utilidades pero que es más barato, no tiene la consideración de bien de lujo y para el que, por tanto, no se exigen CPs. A todos nosotros al final, no nos quedará más remedio que enfrentarnos a nuestras propias conciencias y preguntarnos seriamente al menos una vez en nuestras vidas ¿qué es lo que mejor se me da o se me dará hacer y que los demás podrán valorar de mí? o ¿qué es lo que constituye buena vida y dónde acaba lo necesario y empieza lo opcional para mí? Tener una cuenta corriente abultada y acumular riquezas ya no será un privilegio y un modo de vida, sino que será tan oneroso como tener deudas, ya que además gravará a su titular con una perpetua deuda personal para con los demás. Aparte de eso, los CPs tendrán las características de ser escasos y consumibles y su obtención implicará comprometerse continuamente con los demás, con la comunidad o la sociedad. Bajo el sistema actual, teniendo suficiente dinero uno no sólo no tiene que trabajar, sino que no hace falta desempeñar actividad alguna siquiera, sea ésta física o intelectual. Me refiero sobre todo al rico ocioso. Lo único que éste tiene que hacer para mantener su posición social y económicamente privilegiada es tener siempre un ojo atento a todo lo que hacen, por un lado, los que multiplican su dinero y administran sus activos y, por otro, los que fiscalizan sus beneficios para desgravarlos, para lo cual, por supuesto, no faltan asesores expertos. Con la introducción del sistema de créditos o de méritos sociales, todo esto, y gran parte de lo que hoy se conoce como capitalismo depredador y de "trickle down economics" (economía basada en el efecto de "filtración hacia abajo"), se acabará. Y, para evitar de pasar de una tiranía, del capitalismo individualista y competitivo, a otra, de los méritos sociales y de las masas, a partir de una cierta edad, la de jubilación, los CPs se generarán de modo automático para cada persona según una fórmula, dependiendo básicamente de la media de CPs obtenidos a lo largo de la vida, igual que en la actualidad con el dinero. A partir de la introducción de los créditos, acumular dinero dejará de ser un modo de vida, ni tampoco un seguro incondicional para el bienestar, sino que conllevará unas correlativas responsabilidades para con los demás, los verdaderos productores de bienes y servicios. El impacto que los créditos tendrá en las conciencias de cada uno de nosotros será inmediato y condicionará prácticamente todos nuestros planes futuros: ¿para qué acumular dinero si nunca llegaré a acumular suficientes CPs para poder disfrutar todo ese dinero? En efecto, uno nunca podrá producir suficientes CPs para gastar todo su dinero, da igual como lo haya obtenido (ganado en la lotería o el casino, proveniente de la especulación, de las rentas de cualquier tipo, de una herencia o de cualquier fuente no productiva), a no ser que invente, cree o produzca algo que los demás lo consideren valioso o útil. A partir de la introducción de los créditos en la economía, valor y precio nunca habrán sido tan fácil de disociar y percibir y, al mismo tiempo, en una relación tan tensamente dialéctica, cuyos valores extremos sean tan alejados entre sí. Si las sociedades del futuro van a tener ricos, los demás podrán tener la seguridad de que éstos se merecerán serlo, todo lo contrario de la percepción que hoy tenemos de ellos. El capital de los más afortunados seguirá generando por sí mismo muchos CRs, pero para la adquisición de lo que hace merecer la pena ser rico, lujo, calidad, complacencia (y hasta sufragarse el amor propio), comodidades y ocio, será preciso poseer algo mucho más escaso y difícil de obtener: CPs, ya que, por un lado, requerirán su inexcusable presencia y/o intervención en las actividades socialmente valoradas, le gusten o no, y, por otro, ser creativo, si es que quiere obtener de los demás el mayor número de CPs en el menor tiempo posible y quedarle más tiempo para el ocio. Pero bueno, se quedarán con la consolación de que el dinero les permitirá al menos conservar (frente al populacho) la prerrogativa de poder invertir en cualquier momento en formarse como buenos y curiosos investigadores y, en general, en la acumulación de todo conocimiento o información relevante y socialmente útil; el siglo XXI le pertenecerá a ellos (y a los genios pobres, como siempre ha ocurrido en la historia). Será todo lo que necesitarán para engendrar, mucho antes y con mucha más facilidad que los menos afortunados, ideas geniales y obtener de un jurado o comité popular ad hoc todos los CPEs precisos para mantener su poder de adquisición de los bienes de lujo y de ocio de su rutina. Y si nos movemos al otro extremo del espectro económico, el de los necesitados menos afortunados (sobre todo en los países desarrollados donde en la actualidad gozan de un decente nivel de protección social), los CPs tienen el potencial de afectar profundamente la ideología o la filosofía que está en la base del sistema y las instituciones del bienestar y de poner en evidencia la necesidad de ser socialmente redefinida, superando así el punto muerto que han alcanzado los debates estériles de hoy en torno a la distinción entre pobres merecedores, con hijos, por ejemplo, y pobres no merecedores. A pesar de implicar bienes necesarios gratuitos para toda persona declarada necesitada, el sistema de créditos hará que cada persona sea mucho más responsable y comprometida con el resto de los miembros de su comunidad o de la sociedad. Además, los créditos nos servirán a todos como herramienta eficaz para discernir entre donde acaba lo necesario y donde empieza lo opcional, haciendo visible, al mismo tiempo, el coste de oportunidad en cada adquisición, con considerables implicaciones para el consumo. A la persona socialmente inactiva (a partir de la introducción de los créditos, que son la expresión  y están en íntima relación con la utilidad social y el interés común más allá de lo económicamente rentable, dejará de ser relevante la distinción que hoy hacemos entre productivo e improductivo), el ocio y el divertimiento le costarán mucho más que el dinero, que también tendrá sus limitaciones, le costarán (al igual que al rico) CPs. En cualquier caso, el dinero para las ayudas sociales del futuro será modal, o sea, sólo podrá ser gastado para lo que habrá sido asignado, bienes declarados básicos y necesarios (los que llevan una etiqueta blanca, por ejemplo). Pero los elementos más importantes que quiero resaltar sobre el potencial de un sistema monetario moderado y condicionado por créditos, personales y reales, será la autorregulación de la economía y la limitación del poder derivado del capital y, en general, de cualquier activo. A partir de la introducción de los créditos, la regulación y corrección del mercado libre −cada vez más demandadas desde cuando empezó la crisis económica− no sólo ocurrirán de un modo automático y espontáneo, sino que NO entrarán en conflicto con la productividad y la creatividad. Es más, las estimulará. Por último, los efectos beneficio de los créditos no acabarán en el mundo físico exterior, sino que se proyectarán también hacía dentro, sobre las conciencias. Se convertirán en  la herramienta moral más eficaz del hombre moderno, ya que le ayudarán a imponerse limitaciones (mandando al paro, por desgracia, gran parte de los psicólogos) y a protegerse no sólo frente a las acciones de los demás, sino de sí mismo, de los efectos perniciosos de esos históricos abusos y vicios como la codicia y el egoísmo, que desgraciadamente tanto arraigo han adquirido en nuestra cultura, perturbando y tensionando la paz social. Nuestra relación con el dinero cambiará para siempre. El dinero será mucho menos importante, será solo una herramienta social más, y el mundo entero, no solo la economía, dejará de gravitar a su alrededor. El hombre, por fin, pasará a ser el centro exclusivo de sus preocupaciones, haciendo que su futuro, y el de la comunidad a la que pertenece, sea previsible, equilibrado y sostenible dentro de su entorno natural. Las personas ganarán terreno moral, por así decirlo, a las cosas, y la sociedad entera ganará terreno al capitalismo. El espacio no me permite entrar en más detalles aquí, pero discutiría con interés cualquier comentario, observación o sugerencia que reciba del lector.
6. El sistema nacional para el tratamiento de la información. Mencionaba en Considerandos algunos problemas de seguridad que se me ocurren en relación a la seguridad de las transacciones online, sobre todo en cuanto a la autenticación de los usuarios, al almacenamiento de datos, al acceso a los mismos, a su cesión y, en general, cualquier acción que tenga la consideración de tratamiento de datos. Mi propuesta para resolver estos problemas trata y distingue la mejora del software de la mejora del hardware de autenticación (a través del SMID que trataré en el siguiente punto). En cuanto a la mejora del software para garantizar la introducción, modificación, acceso, cancelación, bloqueo y cesión de datos de modo seguro dentro del sistema, mi propuesta parte de la premisa de que el único modo para conseguirlo, de cara al usuario, será separando física y virtualmente el hardware del software. El encuentro de los dos se producirá sólo para cumplir determinadas funciones, será temporal y volátil y el usuario no tendrá acceso al software, al lenguaje informático en el que fue escrito, ni tampoco a los comandos (a todos estos solo tendrán acceso los técnicos y administradores del sistema).  En la actualidad el hardware, los PCs o cualquier otro dispositivo electrónico de acceso a la red, se adquiere de modo inseparable con el software al que en cualquier momento posterior el adquirente puede acceder para modificar, reinstalar, actualizar y reemplazar (o  malversar sin ser detectado o rastreado), sin que afecte a su funcionalidad de cara a la ya de por sí precaria autenticación online. Por ello, es preciso que se creen nuevos lenguajes exclusivos de programación, sin que el usuario pueda acceder a ellos, que incorporen incluso algunos caracteres totalmente nuevos, de los alfabetos de otras lenguas, por ejemplo, o abstractos y totalmente inéditos creados con este fin. Esta técnica de separación del software del hardware ya se aplica en algunas redes de empresa y en la www. Se conoce con el nombre de informática distribuida (también, de computación en la nube) y los ejemplos más representativos son Google Drive y Skydrive. Aunque le han salido bastantes críticas, por limitar la creatividad y la libertad de los usuarios de instalar ciertas aplicaciones y de desempeñar determinadas tareas – haciéndoles, por tanto, dependientes del proveedor de servicios−, la informática distribuida puede ser la solución última en materia de seguridad, siempre y cuando se garantiza al mismo tiempo al usuario la posibilidad de tener una copia de seguridad segura (y en formato analógico) de toda la información que concierne a su persona y a sus acciones, sea vertida en la red por él mismo sea por otros. Al contrario de lo que pueda parecer, la red será totalmente segura sólo si llega a contener TODA la información y de TODOS (también las autoridades, civiles y militares, y demás funcionarios públicos), toda la que ya se encuentra digitalizada y almacenada en los servidores y la que se vaya a digitalizar en el futuro, siempre cuando, insisto, se resuelve el problema de la autenticación de los usuarios cada vez que se conecten a la red nacional. La dualidad documento-papel/documento-digital es otro elemento importante que alimenta la inseguridad jurídica y la inestabilidad económica y no una posible digitalización de toda la información legal, social y económicamente relevante. Los documentos en papel, que no son pocos, con gran importancia para la economía y el sistema legal, que están en posesión exclusiva de los particulares −y a su arbitrio, por tanto, de ser desvelados o no− son los que generan la inseguridad y no si la información en formato digital es guardada de modo imborrable en unos servidores y en unas memorias personales seguras. Mi propuesta, como solución a estas limitaciones y contingencias, aparte de unos lenguajes y caracteres informáticos nuevos y de la abolición del documento papel como medio de prueba, es de crear unos dispositivos (como, por ejemplo, el SAM que desarrollaré en el siguiente punto) que permitan a los usuarios tener en su posesión, en formato analógico WORM o escritura única lectura múltiple −cualquier formato digital crea más dependencia del sistema digital y de la obsolescencia de las aplicaciones y los programas informáticos−, toda la información que les concierne, sea generada por ellos mismos o por cualquier otro usuario residente con acceso a los servidores y a la red nacional, sea en relación a los registros de acceso a la información de terceras personas. La informática (la digitalización de la información y de la comunicación) que sea el lenguaje y el medio de trabajo y la memoria analógica segura de tipo sólo lectura sea la garantía de todo usuario, persona física, frente a los fallos, los abusos y, en general, al poder de los que guardan, administran y “vigilan” la información. Los programadores y los técnicos que mantienen el sistema desde dentro poco podrán hacer al margen de sus cometidos técnico-legales,  ya que las personas tendrán como garantía la memoria analógica personal actualizada (SAM) contra cualquier uso abusivo, corrupción de ficheros o borrado (que, se entiende, para el programador no serán un problema), sea éste accidental o intencionado. Igual de importante, por tanto, será que los usuarios tengan la posibilidad de actualizar continuamente de modo seguro esa información para servirle eficazmente como seguro y prueba ante cualquier situación de uso indebido o pérdida de la información en formato digital. A modo de esquema, el sistema estará compuesto por: unos servidores exclusivos situados en territorio nacional (incluidos los servidores redundantes para las copias de seguridad), unos dispositivos seguros de acceso y autenticación de los usuarios y unos dispositivos seguros de memoria analógica personal. La información pasará de analógico a digital, que será el medio instrumental o de trabajo, y de digital a analógico seguro, que funcionará como medio de garantía, prueba y cotejo de la información. Todo ello, muy importante, sin que el usuario (sin excepción, o sea, incluyendo a las autoridades públicas y a los agente estatales de inteligencia) pueda tener acceso al software. Los caracteres de la interfaz, para la visualización, el acceso y la interacción con el sistema, serán los propios del alfabeto de su idioma de acceso. El lenguaje de programación será en gran parte muy distinto del de la interfaz (incluso hoy, para cada uno de los idiomas disponibles de los sistemas operativos del mercado, hay dos alfabetos distintos, uno para el usuario y otro para el programador). La red física y todos los demás periféricos y dispositivos de acceso a la www podrán seguir (y seguirán) siendo los mismos que se utilizan en la actualidad, incluidos los de telefonía móvil. Es más, éstos constituirán una parte accesoria, por tanto, no imprescindible, del nuevo sistema. Una condición fundamental para hacer posible la implementación y el funcionamiento eficaz del nuevo dinero, o mejor dicho del nuevo sistema monetario, y de los CPs y CRs propuestos, será la digitalización, no solo de todo el dinero, sino, insisto, de toda la información que tenga que ver con: los derechos de contenido económico, los contratos, los acuerdos, las declaraciones de voluntad relacionadas, los poderes notariales, los testamentos, la adquisición e inscripción de la propiedad, la identidad de las personas, las transacciones comerciales, la contabilidad del patrimonio y las actividades económicas de los agentes económicos, las deducciones y retenciones que se aplican a las rentas y a los ingresos en concepto de contribuciones sociales y gastos comunes, los registros de los bienes, muebles e inmuebles, y la lista sigue, no pretendo agotarla aquí. Debido a la fuerza atractiva y la importancia económica del dinero, será preciso que el nuevo sistema incorpore gran parte de la información que concierne a las personas y es relevante para la organización y el funcionamiento de las comunidades y de la sociedad en general. Para garantizar el uso (el tratamiento) seguro de esa información, insisto de nuevo, aparte de ser preciso que los servidores contengan toda la información que concierne a las personas residentes y tiene relevancia social (y también cualquier información privada que las personas quieran incluir), es muy importante que el acceso y la autenticación de los usuarios −de todos ellos, sin que se instituyan privilegios, prerrogativas o discriminaciones legales a favor de las autoridades o funcionarios públicos− se haga de forma segura. Además, tendrán que quedar grabados de forma imborrable en los servidores todos los registros de: acceso, ingreso, modificación, cancelación, conversión y bloqueo de datos (conocidos asimismo como metadatos); todo documento o fichero tendrá tantas versiones como modificaciones, ninguna se perderá. La información estará grabada e integrada o estructurada en la memoria de modo semántico −eso es, los datos contendrán además otra información que describa el contenido, el significado y la relación estructural de los mismos y faciliten su búsqueda, evaluación y recuperación−, y se distinguirá entre, como mínimo, las siguientes categorías de información: pública secreta, pública abierta, privada abierta y privada secreta o íntima. El acceso a la misma se hará a través de distintos niveles de seguridad −por ejemplo, las autoridades públicas tendrán acceso a niveles superiores en función de sus cualidades, funciones y cometidos legales−, y se permitirá a los usuarios personas físicas obtener en cualquier momento copias actualizables en formato analógico (en un dispositivo como el SAM que propongo) de toda la información que les concierne (incluidos, por supuesto, los registros de acceso por terceros a sus datos y las referencias a los documentos declarados secretos −no pudiendo acceder a su contenido hasta su desclasificación como secretos−, públicos o privados, que incluyan sus nombres o sus actividades o hagan referencia a ellos). Toda la información que no provenga del sistema o de las memorias personales seguras, que provenga de la www o de cualquier otro dispositivo electrónico y sea escrita en lenguajes o a través de aplicaciones ajenos al sistema nacional, no tendrá valor probatorio en el territorio nacional, pero sí informativo y accesorio con respecto a la información nacional, y sólo podrá ser incorporada al sistema por los usuarios residentes a través de los dispositivos de acceso seguro. En resumen: (i) el sistema contendrá toda la información, y los registros de las acciones resultante de su tratamiento, generada en el territorio nacional por todas las actividades e interacciones, reales digitalizadas o virtuales, de las personas residentes; (ii) el acceso a ella se hará sólo a través de un dispositivo seguro único, SMID o funcionalmente similar; (iii) a efectos probatorios, sólo valdrá la información en formato digital recuperada del sistema que, en su caso, podrá ser cotejada con la información contenida en formato analógico en las memorias personales seguras, SAM o funcionalmente similares, a la que tendrá derecho cualquier persona residente; (iv) los usuarios no tendrán acceso al software del sistema y sólo podrán conectarse y acceder al sistema a través del dispositivo seguro; (v) para introducir en el sistema datos de la red global, o de cualquier otra red distinta de la nacional única, el usuario tendrá que iniciar sesión y conectarse a través del dispositivo seguro. La conversión y transferencia de datos externos al sistema, desde la carpeta personal www creada por defecto y en la que el residente depositará provisionalmente los datos, por ejemplo, previa solicitud expresa de transferencia del usuario, se harán sin su intervención y, en todo caso, tras el cierre de sesión; (vi) cualquier dispositivo electrónico, que no sea uno de los dispositivos seguros, podrá conectarse, alámbrica o inalámbricamente, al sistema nacional, ya que éste tendrá instalado un protocolo con todos los drivers (controladores) convertidos de los dispositivos del mercado, pero la conexión se realizará sólo al hardware de dichos dispositivos y pasará siempre antes por el dispositivo seguro de conexión (formando, de este modo, un bucle virtual) que contendrá el software en su memoria volátil o de trabajo, siempre y cuando un residente registrado previamente solicite la conexión de modo seguro; además, cualquier dispositivo o elemento de hardware físicamente fuera del sistema tendrá que llevar un código de barras o QR (Quick Response Code) previamente registrado y que sea legible por el SMID y, por último y lo más importante, (vii) el usuario, sea éste autoridad pública o no, no podrá borrar datos del sistema, aunque sí bloquear el acceso por motivos de privacidad o, siendo éste una autoridad ejerciendo una función pública, lo requiera así por un período definido. Es más, ningún dato podrá alguna vez ser borrado, cualquier documento o entrada de datos, una vez creados y guardados, tendrán tantas versiones como modificaciones realizadas en ellos con posterioridad, todas las versiones se grabarán. Y sí algún documento/dato es borrado del sistema, con o sin intención alguna, por alguna persona que, lícita o ilícitamente, haya tenido acceso al lenguaje de programación, valdrá en cualquier caso, y como garantía constitucional fundamental, la información guardada en el/los SAM de la persona agraviada.
7. SMID (visualizar aquí el dispositivo propuesto). El elemento clave de la solvencia intelectual y, en su caso, pragmática del sistema que propongo en este blog será el dispositivo móvil, por tanto, inalámbrico, de identificación segura; sin él, todos los conceptos e ideas construidos a su alrededor perderán gran parte de su justificación y pragmatismo. Será el dispositivo que tendrá que conectar y mediar entre las personas, o sea entre el mundo físico/material, llamémoslo mundo relevante, y el sistema, o sea, el mundo digital, que será el mundo virtual donde las conexiones y las interacciones tengan lugar. En Considerandos (de 9 a 13) exponía mis reflexiones acerca de la seguridad online y de los puntos débiles que se me ocurren del sistema. Remito a ello para ahorrar espacio. La premisa de la que parto es que el SMID, o cualquier otro dispositivo electrónico funcionalmente similar, sólo será eficaz, en términos de seguridad, si su diseño y propiedades electrónicas confluyan funcionalmente de modo que sea imposible, a través de varios medios, el acceso del usuario, o de cualquier otra persona e independientemente de sus intenciones, a su parte física interior y, por tanto, al software. En otras palabras, su razón de ser o función principal tendrá que ser la de impedir el acceso al software almacenado en su memoria digital interna, por muy mínimas que sean las potenciales invasiones o conexiones indebidas/impropias. La interfaz, una pantalla táctil, unos sensores y unos detectores del interior —con la función de proyectar ondas electromagnéticas para la detección de magnitudes físicas (biométricas, de la palma de la mano o del iris) del exterior para su posterior procesamiento y digitalización— serán básicamente los elementos de hardware que tendrá que contener cualquier dispositivo seguro de autenticación para garantizar una seguridad mínima del sistema. Hasta aquí nada nuevo. Las novedades que propongo con el SMID serán que a).— las personas no podrán acceder al software de captación, procesamiento y transmisión (cifrada, por supuesto) de los datos al sistema o, mejor dicho, no tendrán acceso al lenguaje de programación del software y de los protocolos de comunicación  y b).— que los elementos de seguridad del SMID harán imposible el acceso a la parte física interior del dispositivo y al software mencionado anteriormente, dicho de otro modo, cualquier intento de acceder indebidamente a su interior llevará instantáneamente a la pérdida irrecuperable de la información que constituye su software interno. Eso es, en caso de que una persona, con o sin fines delictivos, intente acceder, físicamente o a través de medios digitales, a su interior, a través de una vía o medio de conexión que no sean propios y nativos del dispositivo, la memoria del dispositivo simplemente se borrará al instante y de modo definitivo e irrecuperable. Todos los elementos que constituyan el hardware y software de seguridad tendrán por ello una única función, que es proteger los datos de su memoria interna (el software de comunicación y de procesamiento de datos) y hacer que se borren (se purguen) de modo irrecuperable al instante tras cualquier intento de acceso indebido o impropio, siquiera de modo accidental (en caso de borrado de la memoria, el dispositivo perderá su funcionalidad y, cada vez que sea posible, tendrá que ser reciclado y/o reprogramado). Todas las partes físicas y las funciones de seguridad que componen el SMID tendrán, en conclusión, la función de impedir el acceso por cualquier medio, físico o virtual, al software de su interior (caracteres, sintaxis y secuencias de instrucciones informáticas). Su uso estará limitado a la captación de magnitudes físicas del exterior, del mundo analógico y material, a su procesamiento, incluido el cifrado, y a su transmisión al sistema, del que, asimismo, estará habilitado a recibir la respuesta y procesarla. Su memoria interna será de tipo RAM, o sea, volátil, que se borra tras el cierre de sesión, y el software mínimo y permanente será compuesto por el número identificativo del dispositivo, los comandos básicos para el encendido, el apagado, primera comunicación, o handshake con el servidor,  y la clave de encriptación (cuya obtención se podría hacer a través del método que propongo en este artículo) para la transmisión de estos datos al servidor; todos ellos se guardarán en el chip de la BIOS (sistema básico de entrada/salida) del SMID. Todo lo demás necesario para el funcionamiento del SMID, las aplicaciones y el software operativo de los elementos de hardware interno, será recibido del servidor y se cargará en la RAM de modo subsiguiente a la conexión. El contacto de SMID con cualquier elemento de hardware externo, periféricos y otros SMIDs, se hará siempre a través del servidor. Los paquetes de datos que el SMID enviará al sistema y recibirá de él seguirán un recorrido virtual en forma de bucle, de modo que para conectarse con el mundo exterior el SMID tenga que estar CONTINUAMENTE EN CONTACTO FÍSICO con el usuario durante la autenticación (eso es, que no hará falta estar en contacto entre identificaciones) y pasar siempre antes por el servidor; si el contacto físico se pierde, la conexión con cualquier red o dispositivo externos al sistema y con el usuario se cortará. El diseño y la ergonomía convergen funcionalmente para asegurar que el SMID infiera lo mínimamente posible en los movimientos naturales del usuario mientras lo lleve puesto, pero es preciso que su funcionamiento sea continuo y efectivo. Estando en contacto físico continuo con el usuario durante la autenticación (por ello es aconsejable llevarlo puesto cuando el usuario está en movimiento o tenga ambas manos ocupadas), el SMID captará de un modo automático todos los datos identificativos y/o biométricos que éste requiera del usuario, con o sin su intervención. En consecuencia, durante la conexión, podrá solicitar al usuario de modo aleatorio en el tiempo que introduzca datos identificativos (algunos caracteres de sus distintas contraseñas y respuestas a preguntas secretas, preestablecidas o no por el usuario y el sistema con anterioridad; preguntas de tipo, el nombre de su primer colegio, marca de su primer coche, etc. que sólo puede saber el usuario y el sistema) en las casillas y de entre los caracteres que su pantalla reflejará, y que podrán contener algunos que el usuario nunca ha usado o que sólo él usa, por ejemplo, de otros idiomas, pero que sólo él los conoce; esto dependerá de los caracteres (existentes o creados ad hoc) que el usuario habrá optado incluir con anterioridad al definir sus contraseñas en el sistema. Entre sus elementos de hardware internos, el SMID contendrá módulos electrónicos cuyas características técnicas le habilitarán conectarse a través de cualquier vía o tecnología de conexión inalámbrica existente en el mercado: Wi—Fi, GSM, Bluetooth e, incluso, la recién creada tecnología Li—Fi (o Light Fidelity, propuesto a finales de 2011 por el Consorcio Li—Fi). Los elementos de seguridad del SMID, cuya exclusiva función es de hacer imposible cualquier acceso por la fuerza, física o virtual, a su parte interna −al hardware− para “robar” o explotar, con fines delictivos o ilegítimos, el software, fuera de las vías de acceso “legítimas”, digamos, y funcionalmente nativas del dispositivo y sólo cuando éste lo requiera, son los elementos más importantes para la seguridad, no sólo de la autenticación y la comunicación usuario—servidor, sino de todo el sistema propuesto. Y en último lugar, pero no por ser lo menos importante, el SMID podrá ser completado por una tarjeta de identificación electrónica y por un método de autenticación similares a los que propongo en este artículo. El uso de dicha tarjeta no estará destinada a ser usada sólo por los residentes legales del país, sino que podrá ser, y es aconsejable que sea, usada por todas las demás personas físicas que visitan temporalmente (turismo, visitas a amigos o familiares, estudios, negocios, etc.) el país. Para visualizar el SMID que propongo, haga clic aquí. SAM (se puede ver aquí) será la memoria analógica segura y personal que complementará e integrará el funcionamiento del sistema. Su función más importante, para los residentes legales del país (no solo para los ciudadanos), será la de guardar la información personal en formato analógico para poder ser usada en situaciones de discrepancia, legal o de hecho, que exijan cotejarla con otra información o para servir como prueba en cualquier asunto de naturaleza legal, administrativa, mercantil o civil de interés para la persona en cuestión. Es de suma importancia que la memoria sea de tipo analógico WORM (escritura única lectura múltiple) y, de este modo, se haga valer y funcione de modo independiente respecto a la información guardada y transferida en formato digital dentro del sistema. La tecnología que mejor se ajusta a estos requerimientos es la memoria holográfica; ocupa poco espacio físico (1 terabyte de datos en un cristal del tamaño de un terrón de azúcar), es imborrable, es fácil de transportar y guardar y permite añadirle otros elementos virtuales de seguridad para proteger la privacidad y prevenir el uso indebido por terceros. Los elementos de seguridad que se me ocurren y que las tecnologías usadas permitirían integrar en la SAM podrían ser: i).— grabar la información en los discos de cristal distribuida en tablas (de 10 filas x 10 columnas, por ejemplo) y por saltos de acuerdo con un PIN personalizado de 10 cifras (el PIN se podrá obtener de la huella digital del usuario; en un foro se propone este método, en inglés), de modo que si una persona quiera acceder a su contenido indebidamente, sea imposible recuperar frases enteras y con sentido; igualmente, para hacer el descifrado más difícil, se podrá incluir en los espacios vacíos de los discos la misma cantidad de información que la relevante a proteger, pero cuyo contenido, público, abierto y de carácter redundante, sea “rellenado”, cada una de las veces que el usuario conecte la SAM al sistema para actualizarla; ii).— fragmentar todos los documentos oficiales declarados secretos/clasificados - que no permitan ser descargados íntegramente en la memoria personal de la persona interesada/afectada y los documentos privados protegidos por ley - en palabras sueltas (o, incluso, caracteres sueltos), incluidos los números que puedan contener y excluidos en cualquier caso los nombres propios (no así si se usa el método alternativo de fragmentado en caracteres sueltos) y los que justifican, en su caso, el carácter de “clasificado” del documento, y guardarlas - junto al número de orden que le corresponda a cada palabra dentro del documento en cuestión y al número de serie que se le asignó al ser creado y guardado en el servidor - en una sección especial dentro de cada SAM de todo el sistema, y no sólo los personales de las personas interesadas o afectadas por el contenido de los documentos, llamémosla “tabla oficial de cotejos de documentos”; cada vez que un usuario se conecta para actualizar la información personal su SAM, se actualizará asimismo, de modo automático y por defecto, la tabla oficial de cotejos de su SAM. Cada vez que, dentro de un procedimiento judicial o administrativo, se solicite por cualquiera de las partes el cotejo de un documento, sea éste desclasificado o no, o esté declarado el secreto de las actuaciones dentro del procedimiento en cuestión o no, se comprobará si la palabra recuperada de cualquier SAM, conectada al sistema en ese mismo instante y escogida al azar por el sistema, corresponde con la del documento presentado a cotejo, tanto el contenido literal de la palabra, como su posición consecutiva dentro del documento; paso seguido, y a instancia de la parte interesada, se hará un segundo cotejo del mismo documento y tomando como palabra de cotejo esta vez la que el SAM de la parte interesada contenga según el número de serie del documento contenido en su tabla de cotejos. Con la integración de estos elementos de seguridad en la SAM, se logrará: que se devuelva gran parte del poder democrático a los ciudadanos a través de la democratización de la información mientras se preserve la seguridad, sobre todo la nacional y la privada; fortalecer y hacer más efectivo el sistema judicial y el administrativo al asegurarse con ello la autenticidad de las pruebas en los distintos procedimientos legales; que nadie sea condenado en un procedimiento judicial o administrativo, sobre todo en los declarados secretos por juez o autoridad pública y en los que restringen o inhabilitan derechos, sin haber tenido la oportunidad de impugnar la validez y la integridad de la/s prueba/s documental/es (o de la transcripción, en su caso, del fichero audio/video constitutivo de la prueba), tenga o no acceso a su contenido en ese momento (lo podrá hacer, en cualquier caso, cuando se desclasifique y sea declarado público y abierto); que se erradiquen la falsificación, la corrupción y la pérdida perjudicial, intencionada o no, de los documentos con relevancia pública, social o económica (piénsese sólo en la doble contabilidad y la manipulación de las cuentas de las empresas evasoras de impuestos, muy frecuentes hoy); que se reduzca considerablemente, o incluso se elimine, la corrupción de los funcionarios y de las autoridades públicas y la evasión fiscal, práctica muy extendida hoy entre los contribuyentes de rentas altas del país; que el poder del estado, sobre todo en los casos donde sea necesario imponer por la fuerza a los ciudadanos deberes y obligaciones legalmente provistos, se impersonalice y se libre de los distintos intereses privados o empresariales en detrimento de los generales/públicos; que se economicen, en número y asignaciones presupuestarias, y flexibilicen las instituciones públicas, haciéndolas más actualizables/adaptables y, por último, que se refuerce y transparente la responsabilidad democrática, sobre todo de las personas con funciones públicas, dotadas o no dichas funciones de poderes públicos y/o de autoridad.
8. Abolir el papel como medio de prueba. El papel tiene una larga y fascinante historia social y, en todo su transcurso hasta hoy, nos ha servido, por lo general, con fidelidad para materializar, representar y dejar constancia de todo lo que ha tenido relevancia legal, social y económica, y, en general, de todo lo dicho y expresamente querido: acuerdos, garantías, transacciones, declaraciones de voluntad, leyes, identificaciones de personas y cosas, nacimientos y matrimonios, representaciones y contabilizaciones de valores, incluido el dinero, deseos, manifestaciones e intenciones personales e, incluso, opiniones vinculantes. Dejando de lado la tragedia de la matanza de árboles, el mismo papel, aparentemente tan fiel e insustituible, tiene el gran inconveniente de haber servido igual de bien a, socialmente irresponsables, falsificadores y corruptos creadores de valores, incluidos los creadores de dinero (físico) y de dinero como deuda, aprovechando el portador del papel representativo de valor la anonimidad que cualquier documento en soporte papel le confieren; me estoy refiriendo sobre todo a los documentos privados con potencial de constituirse como prueba única en un procedimiento legal que se firman sin fechar y al dinero físico de hoy que es anónimo, eso es, que se emplea como valor al portador. Por mucho que se mejoren las medidas de seguridad que se le apliquen (como los hologramas, los tintes fotosensibles y otros), el papel se quedará siempre lo que es, papel, y nunca podrá garantizarle plena seguridad a la información que contiene, siendo nula la garantía y la seguridad jurídica de los documentos privados con efectos legales a los que se le añaden con posterioridad a la firma datos tan relevantes como la fecha (piénsese solo en las bajas voluntarias sin fecha que el trabajador es constreñido a firmar al mismo tiempo de firmar el contrato de trabajo, muy frecuentes desde cuando la crisis, o los documentos de renuncia al cargo sin fechar que el administrador social testaferro firma a cambio de dinero para que el millonario evada irresponsablemente impuestos y obligaciones sociales) o que sea guardado en privado, “por si las moscas”, en detrimento de intereses superiores generales. Aparte de ser fácil de perder, destruir, corromper, sustituir e imitar con falsificaciones, el papel tiene las insalvables inconveniencias de ser frágil, efímero y aprehensible. El que lo tenga en su poder tiene la prerrogativa de poder exhibirlo sólo cuando le conviene, sustituirle por uno más ajustado a sus intereses, modificarlo a su antojo, e, incluso, de destruirlo, haciendo así que desaparezca para siempre, con o sin interés alguno, toda la información que contiene y es relevante para la justicia, la economía y/o el interés general de los ciudadanos. Pondré un ejemplo ilustrativo que viene mucho al caso y tiene un considerable impacto en las marchas de las economías. Los que sacan ventaja, en detrimento de todos los demás, de los paraísos fiscales (véase http://www.icij.org/offshore) se salen siempre con la suya solo porque los documentos en papel tienen, según el país, prioridad o unicidad legal probatoria antes que cualquier otra fuente corroborante de información y que la relación del testaferro u hombre de paja con el administrador real se firman invariablemente en documentos privados no registrados públicamente. Los testaferros detrás de los cuales se esconden, cada vez que firman el documento notarial o privado de constitución de esas sociedades ficticias de las cuales son designados administradores únicos, firman también al mismo tiempo: (i).— una declaración de hacer todo y al pie de letra de lo que el administrador o propietario real le comande; (ii).— un documento notarial devolviendo (desinteresadamente) al ricachón que evade impuestos el cargo de administrador y los poderes que le sean inherentes y (iii).— una carta firmada por el testaferro de renuncia/cese como administrador único (en soporte papel, por supuesto, ¿en qué otro, si no?) SIN FECHAR para evitar responsabilidades (más información en: http://www.icij.org/offshore/how—nominee—trick—done, en inglés). Estos documentos, se entiende, nunca ven la luz o se inscriben en registro público alguno del país donde se obtienen las rentas, los beneficios o se adquieren los activos, se guardan para el caso de que el suplente que “prostituye” su identidad no cumple con lo acordado y quiere volverse, con o sin interés material alguno, en contra de los intereses de su mandante rico. Se puede decir, por tanto, que todo el tinglado de los paraísos fiscales se apoya últimamente en esa vulnerabilidad de los sistemas nacionales de aceptar los documentos en soporte papel, públicos y/o privados, como medio preferencial de prueba, antes que las declaraciones de testigos o las presunciones legales o judiciales. El papel se ha ganada en la historia este puesto preferencial solamente porque, hasta hace relativamente poco, no había otra cosa. Poco cambia el hecho de que dichos documentos se firmen ante fedatario público, máxime cuando éste ejerza en un país distinto del afectado por la evasión y está protegido por el secreto profesional. Los documentos en papel son guardados en cajas fuertes hasta que su oportuna exhibición es querida o requerida. Además, ¿cómo podrían controlar y dirigir los gobiernos de hoy la economía y el sistema judicial si gran parte, la más relevante, de la información contable y financiera de los grandes no transciende a los registros públicos del país? Y toda esa información, como no, está en soporte papel o en sus servidores informáticos exclusivos en inviolables. Está claro que los defensores del statu quo, y los políticos que le son cómplices, son conscientes de esto y que nunca hablarían en público sobre esta vulnerabilidad para abrir un eventual debate público; hace falta algo mejor que el sistema actual de tratamiento y validación de la información y, en cualquier caso, hace falta un sistema único en el que toda la información sea tratada de modo coherente y como un todo, sin zonas ocultas o dejadas vacías al antojo y los intereses exclusivos de la Casta. El valor estimado actual del dinero que se encuentra en esos paraísos es de unos 32 trillones de dólares americanos, algo más de la mitad de lo que vale la producción de la economía mundial, por tanto, el papel no solo no sirve para luchar contra la evasión fiscal y la “fuga” de capitales, sino que es su principal fiel y legítimo cómplice. El papel, por sus claras vulnerabilidades y por su precariedad, ya no nos sirve con fidelidad para garantizar la transparencia social y democrática y la justicia. Volveríamos a las grabaciones en piedra, que ofrecen mucha más seguridad que el papel, a no ser que obvios e insalvables inconvenientes lo impiden. El hombre tecnológico moderno necesita algo a su medida: una memoria analógica (o sea, que la información pueda ser visualizada directamente a través de los sentidos y sea representada mediante variables continuas y análogas a las magnitudes físicas que representan, todo ello sin la necesidad alguna de elementos, de software o virtual similar, que la interprete y/o transforme en algo tangible, material y analógico) que almacene toda la información social y económicamente relevante en un volumen muy reducido y, por tanto, sea fácil de trasladar de un lugar a otro y de depositar. Además, al ser analógica, de escritura única y lectura múltiple, la memoria no podrá ser borrada y tampoco modificada, lo cual supondrá un avance significativo en términos de seguridad de la información, fundamental en el funcionamiento y desarrollo de cualquier sociedad. Documentos de identidad, contratos, transacciones comerciales, contabilidad personal y empresarial, datos registrales de los bienes muebles e inmuebles, vida laboral o de actividades sociales, información médica personal, y todos los demás datos que representan la relación de una cierta persona física con el mundo exterior (la comunidad o la sociedad), material o inmaterial (como las ideas, las instituciones y cualquier otra abstracción), y con su contexto social inmediato, continuo y permanente, incluida las relaciones e interacciones con otras personas, todos ellos son datos que podrán ser accedidos en el sistema cada vez que sea necesario, con la posibilidad de ser cotejados, a instancia de la parte interesada, con los contenidos en las memorias personales analógicas de los ciudadanos. Dadas todas las tecnologías existentes, y el potencial para avanzar y crear otras más eficientes, que se podrían emplear para tener para tratar datos y llevar a cabo  transacciones comerciales en condiciones de seguridad y conveniencia,  ¿por qué seguimos confiando en todos esos intermediarios personales y materiales: secretarios judiciales, fedatarios públicos y funcionarios que marcan casillas, registros muebles, inmuebles y mercantiles, documentos identificativos, dinero papel, contratos bursátiles, documentos registrales, etc., que tanto dinero cuestan a los contribuyentes y que, en lo que más importa, tan vulnerables y corruptos (o corruptibles) se han vuelto? La tecnología de almacenamiento holográfico de datos, o con funciones similares, constituye en la actualidad la mejor tecnología capaz de cumplir todas las exigencias de seguridad y transparencia indispensable para que la democracia sea efectiva y funcional y que al mismo tiempo sea comparativamente barata y fácil de acceder y conservar. Curiosamente, y a fin de cuentas, las memorias holográficas no serán más que descendientes “pijas” y tecnológicamente avanzadas de las estelas o lápidas de piedra del pasado con la ayuda de los cuales los emperadores construyeron y controlaron sus imperios.
9. Abolir el interés sobre el dinero. Aparte del coste de oportunidad que conlleva y de su efecto económico inflacionista y destructivo de valores materiales, medioambientales y sociales, el interés sobre el dinero es social y moralmente inaceptable; es una barbaridad vestida de Prada. El interés sobre el dinero solo sirve para hacer a los ricos cada vez más ricos y a todos los demás cada vez más endeudados (a los primeros, por supuesto). Lo cual, en teoría, sería a regañadientes aguantable, si no fuera porque los ricos de hoy son cada vez poderosos e influyentes en la política y deciden, directa o indirectamente, el acceso a todo lo que más nos vale y es vital al resto de nosotros. ¡Qué florezcan mil flores! dirían los optimistas. Sí, que florezcan, pero no “chupando” todo el agua de las demás. A partir de la digitalización de todo el dinero, bueno, de la información que éste representa, los bancos, que históricamente han sido la referencia más importante para guardar dinero físico, se volverán redundantes, ya que no habrá nada que depositar. ¿Por qué querría alguien depositar su dinero a nombre de otra persona o entidad, si este dinero estará en todo momento dentro del sistema, el gran depositario por defecto? Si reflexionamos por un breve instante realizamos que si todo el dinero es almacenado como información digital en unos servidores nacionales únicos, no sólo no tendrá ningún sentido acudir a un depositario distinto dentro del mismo sistema (sistema que, al final, lo somos todos o, para ser más exacto, es la suma de todo lo que hacemos o dejamos de hacer), máxime cuando éste, el depositario y prestamista, cobra comisiones a los depositantes e intereses a los prestatarios, sino que ni siquiera hará falta que dicho dinero circule, en el sentido que hoy “circular” se entiende. Lo único que importará será la titularidad sobre el dinero, de modo que, a partir de la digitalización del dinero, será esta titularidad virtual la que se “moverá” y, en su caso, será reemplazada por una nueva y no el dinero; eso es, circular perderá su sentido conceptual y definitorio a partir de la digitalización del dinero. Los préstamos para los negocios se satisfarán con el dinero que sus titulares decidan mantener dentro del sistema (o sea, que en principio podrá ser sacado del sistema, pero sólo si está cubierto, en proporción de 1 a 1, por créditos reales; véase arriba sobre CRs) en parte o todo, como disponible para préstamos para la inversión. Una vez estudiado el proyecto de inversión y, en su caso, recibido el asesoramiento pertinente en cuanto a la viabilidad del proyecto y el porcentaje de participación en los beneficios, el titular del dinero acordará formalmente conceder el préstamo al/los solicitante/s o no, y da igual la relación de confianza que medie entre el titular y el solicitante, la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza, fundamental en cualquier transacción, estarán en todo caso garantizadas por el sistema. En caso de que no hay ahorradores que quieran prestar o que todo su dinero no es suficiente, los créditos se generarán de modo automático por el sistema y la participación (de todos, en este caso) en los beneficios, UNA VEZ GENERADOS éstos, se hará según unos porcentajes o cuotas que un comité ad hoc (a semejanza del actual ICO, pero mucho más transparente, imparcial y sin suponer la aplicación de intereses) de entre los ciudadanos decida; el sistema proveerá a dicho comité toda la información sobre la solvencia del prestamista. Los préstamos para el consumo, en cambio, se concederán de modo automático por el sistema (dinero de la nada, como hasta ahora, pero con la capital diferencia de que solo se generará si el solicitante es solvente, económica y socialmente, o sea, si ha demostrado ser merecedor del crédito) a los solicitantes que cumplan ciertos requisitos sociales mínimos (remito a lo expuesto en cuanto a los CPs y CRs) y, muy importante, sin la aplicación de intereses al principal. El único interés que le aplicará será el que los ciudadanos tienen en el bienestar de sus análogos. De este modo, no sólo se agotaría gran parte de los ahorros (los que decidan no prestar el dinero, en situaciones de crisis económica, se arriesgan a que su dinero sea declarado automáticamente, tras el transcurso de un cierto período de tiempo, caducado o extinguido) antes de generar otro dinero (de la nada, como en la actualidad), sino que la masa monetaria se expandiría en una medida ajustada y precisa y obedeciendo estrictamente a factores, sin ser exhaustivo, como: el crecimiento de la población, la necesidad de nuevas infraestructuras, la investigación o el desarrollo de nuevas tecnologías. Este mecanismo, aparte de ser impersonal, transparente y objetivo, tiene el deseable potencial de fomentar ante todo la creatividad y la productividad, tan importantes para la estabilidad y el desarrollo sostenible de cualquier economía.
10. Aprobar por ley un acervo de bienes y servicios que tengan la consideración de bienes necesarios y básicos. Cualquier organización o sistema social moderno que no ofrezca un colchón económico o seguro social sin discriminar a sus individuos y familias, no sólo no sobrevivirá de una pieza el paso del tiempo, o sea, que acabará autodestruyéndose, sino que carecerá de toda legitimidad democrática y acabará invariablemente generando tensiones sociales que sólo podrán ser controladas por la fuerza, ejercida de un modo implícito o explícito por su gobierno o líder, desembocando, por tanto, en una de las dos situaciones extremas posibles: tiranía o anarquía. Estos bienes y servicios básicos, como bien se sabe, son: la educación, la salud, la nutrición y la vivienda. El contenido mínimo de lo que constituye educación o nutrición puede variar en función de la cultura y de los recursos del país o región a los que se relacionan. La identificación y la implementación institucional de esto bienes como básicos se podrá bien hacer a través de mecanismos democráticos como la publicación de listas y la fijación de plazos para las propuestas ciudadanas, procesos que culminarían con la clásica adopción de su contenido final en referéndum. Instituir éstos bienes y servicios y asegurar su cumplimiento no es sólo humano sino que constituirán la base sobre la cual cualquier individuo pueda crecer y evolucionar y contribuir, así, al bienestar de las generaciones actuales y futuras; “hoy por ti, mañana por mí”. El nuevo sistema monetario propuesto, junto a los créditos personales y reales que lo complementan, funcionará mucho mejor y podrá ser aceptado como legítimo en unanimidad si será acompañado de la institución de esos bienes básicos como seguro social estatal. La situación será muy similar a la actual en los países desarrollados, pero el sistema entero será mucho más efectivo y barato de mantener, además podrá acomodar, sin perder su funcionalidad, la humana salvedad de no exigir créditos personales a los declarados necesitados. En efecto, exigir créditos personales para la adquisición de bienes y servicios básicos no sólo será inhumano y tiránico (y da igual si la tiranía es ejercida por la mayoría), sino que a la larga resultará ser altamente corrosivo o destructivo para el desarrollo personal y la paz social. La función más importante del reconocimiento y adopción institucional de este acervo de bienes será la de constituirse como límite a las eventuales disfunciones y efectos secundarios indeseados de una hipotética organización social que base el funcionamiento de su economía en dinero digital y créditos personales y reales, instituciones que, como tal: serán impersonales, activándose de oficio; encontrarán su justificación en la propiedad privada y en la competición y tenderán a relegar (externalizar) o desinteresarse por todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales y el bienestar de los ciudadanos más necesitados o merecedores de atención especial (i.e. menores e incapaces, ancianos, personas discapacitadas, madres de menores, parados, personas sin formación profesional o académica, etc.). De todos modos, el derecho de acceso a los bienes básicos tendrá que ser declarado o reconocido siempre por una autoridad pública o, en vía de recurso, por un comité popular. Decidir si una persona, y, en su caso, las personas que dependen económicamente de ella, es o no merecedora de recibir esos bienes, se basará en cualquier caso en toda la información económica y social que consta en el sistema acerca de esa persona. Además, cada unidad monetaria de las prestaciones dinerarias recibidas llevará, en cualquier caso, la distintiva limitación de que sólo podrá ser pagada a cambio de esos bienes y servicios básicos, de un listado oficial público, con la exclusión, se entiende, de cualquier otro bien no contenido en dicho acervo. Al tener un sistema digital donde cada unidad monetaria y cada transacción relacionada sean, en todo momento, identificadas o identificables y rastreadas, esa provisión o, si se quiere, medida restrictiva se aplicará de modo automático, rápido, instantáneo y barato; o sea, no habrá papeleo, administraciones y leyes o procedimientos engorrosos, largos y difíciles de aplicar, aparte de ser una carga pecuniaria más para los contribuyentes. Por último, el colchón económico propuesto, empleado según las condiciones mínimas referidas, resuelve los problemas insalvables de todos los sistemas de bienestar social de hoy, sobre todo de los países desarrollados, que es de convertirse, temprano o tarde, en una pesada e insostenible carga económica del estado y de mutar invariablemente en la madurez en la “cancerígena” y legal institución disuasoria de la productividad y de la motivación personal de los ciudadanos.
11. Instituir mecanismos legales para eliminar del sistema el dinero no productivo y para crear otro nuevo al servicio de la producción y de la sociedad en general. Hacía más arriba, en “Abolir el interés sobre el dinero”, una breve referencia a la posibilidad de declarar legalmente caduco o caducable cierto dinero. La gran ventaja económica y social no intencionada que se podrá obtener a partir de la implementación de un sistema (o transformación del sistema anterior) que contenga todas la unidades monetarias identificadas y en formato digital será que el dinero podrá ser destruido o bloqueado al instante con sólo pulsar un botón, sueño inalcanzable de cualquier ministro (sobre todo, de economía o de justicia), juez o autoridad pública en la actualidad. El dinero perderá sus actuales prerrogativas de ser el sacrosanto, intocable y elusivo, “travesti” del valor y de las identidades de sus flotantes poseedores. Se convertirá, a través de los CPs y los CRs, en una simple y transparente herramienta, entre muchas otras igual de útiles, de justicia social, económica y medioambiental. Como es natural, a partir de su implementación, lo único que importará y contará serán las personas, sus ideas y sus acciones, social y medioambientalmente, responsables. El nuevo dinero será el camino más fácil y moderno de vuelta a lo natural y al valor intrínseco de las cosas que las sociedades perdieron hace mucho tiempo. Por supuesto, destruir dinero al instante representa, ante todo, poder; poder que, en manos equivocadas, sería capaz de volverse muy destructivo y difícil de contener, una vez se desconecte. La historia nos recuerda, a través de innumerables ejemplos, que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. El condicionamiento legal y la despersonalización, o la institucionalización, del poder de destruir dinero será lo que netamente le diferenciará de su lado oscuro indeseado. La parte fácil de todo ello, teniendo un sistema capaz de saber y controlar todo lo social y económicamente relevante, será promulgar un conjunto de normas jurídicas que condicionen el poder de destruir/bloquear el dinero, asegurando al mismo tiempo que las personas que lo ejerzan sean mucho menos, o nada, importantes que los objetivos que se pretenden conseguir con la ley. En los últimos 10 años sobre todo, la capacidad de crear leyes complejas y prolijas de nuestros gobiernos y legisladores ha aumentado exponencialmente, pero pagando un precio alto en términos de transparencia y aplicabilidad. La realidad siempre ha superado la ficción, siempre lo hará, y nuestras leyes nunca serán lo suficientemente exhaustivas para prever la infinita complejidad de la creatividad y de las acciones humanas. Y todo eso ocurre porque el funcionamiento del sistema actual lo permite y nuestros gobiernos están errando el tiro. Teniendo un sistema informacional inclusive y transparente, las leyes de condicionamiento de la destrucción del dinero —o sea, que responden a las exigencias quién, cuándo y cuánto— tendrán que ser lo más concisas y claras posible. La práctica totalidad de los expertos en macroeconomía tiene asumido y coincide en que la economía se desarrolla en el tiempo de forma cíclica, o sea, que sigue un patrón recurrente e inevitable de expansión y contracción, y que la fase de contracción invariablemente genera como resultado una crisis económica. La solución o remedio más decente a ello fue propuesto hace casi un siglo por J. M. Keynes, siendo el método más empleado hoy por los gobiernos, pero esta solución es incompleta, limitándose a suavizar y aminorar los costes económicos de la crisis a través del gasto presupuestario del Estado, más conocida como política fiscal. En pocas palabras, se pretende con ello estimular la demanda agregada para favorecer los ingresos y el empleo. Durante las crisis económicas, los elementos de la economía que más afectados se ven y preocupan a los gobiernos son el empleo, la inflación y el consumo; lo que hace falta, por tanto, es estimular las inversiones privadas y/o aumentar el gasto presupuestario del Estado. Si el sector privado, sobre todo el sector de la banca, no responde adecuadamente, la solución obvia es gastar dinero público (en infraestructuras y prestaciones sociales, básicamente) para crear empleo y para que la gente gaste más, o sea, que haya más consumo. Otro conjunto de medidas que los gobiernos toman conjunta o consecuentemente a las medidas fiscales se engloba en lo que constituye la política monetaria, que es, básicamente, controlar cuánto dinero hay en circulación y/o el tipo de interés aplicable a los créditos (el interés legal sobre el dinero). Está obvia la importancia del papel que el dinero juega en todas estas medidas, fiscales y monetarias. Con la introducción del nuevo dinero, los gobiernos tendrán la oportunidad de hacer algo más que estimular la actividad económica y cruzar los dedos para que la economía se recupere por sí misma. A pesar de la proliferación de sofisticados, y más o menos acertados, modelos económicos y teorías, los gobiernos de hoy se empeñan en confiar en algo tan etéreo como la “mano invisible del mercado”, expresión acuñada por Adam Smith, ignorando que ha llovido mucho desde los tiempos de Smith y que la mano no la ha percibido nadie hasta ahora, se me ocurre, porque simplemente no existe. Los gobiernos, con el poder de destruir dinero en la mano, se convertirán en verdaderos y efectivos artífices de la economía, recuperando así toda la legitimidad perdida a lo largo de los últimos, al menos, 70 años. Lo único que tendrán que hacer en tiempo de crisis será declarar caducable, dentro de un marco legal provisto, todo el dinero ocioso, o sea, el dinero sin emplear (se entiende, se excluirá el dinero que las personas y las familias guardan para gastos rutinarios o los ahorros personales hasta un cierto límite razonable y para ciertos fines provistos en la ley). Asimismo, se podrá declarar caducable todo el dinero que, durante un cierto período de tiempo prudencial durante la crisis, se vaya generando de la venta de ciertos bienes de capital o de equipo y de otros valores del mercado, con la condición mínima de que no se haga para el consumo personal/familiar. Lo único que legitimará el poder de destruir dinero será, en consecuencia, la recuperación oportuna de la estabilidad económica. La premisa general que motiva la destrucción es que, desde el punto de vista económico  y social, el dinero invertido/productivo es más importante que todo el dinero existente, que es en realidad una abstracción con intencionada vocación instrumental, a pesar de sus otras demeritadas calidades que se le atribuyen. En otras palabras, lo que importa es el valor de uso del dinero y no su (potencial) valor de cambio, lo que importa el dinero como medio no el dinero como fin. El hecho de declarar caducable el dinero antes de pasar últimamente a ser destruido refuerza y favorece esa función de uso, favorece al dinero como medio para un cierto fin. Las sociedades futuras ganarán mucho más de lo que se invierta en la economía productiva, en la economía real de las cosas, en el bienestar de las personas y en la conservación del medioambiente que de la aplicación y colección de más impuestos, en número y monto, impuestos que supuestamente se pagarían con dinero intrínsecamente inflacionista y destructor de bienestar. Gravar la renta de las personas físicas, desde la perspectiva de éstas, es lo mismo que quitarles el dinero de las cuotas y destruirlo, ya que nunca tendrán la posibilidad de saber la asignación exacta de ese dinero y mucho menos de poder influir en su empleo productivo, sólo tendrán que confiar ciegamente en su gobierno e ignorar, aunque sólo sea por un instante, que gran parte de ese dinero irá de todos modos al pago de intereses aplicados a las insostenibles deudas que ese mismo gobierno contrajo irresponsablemente en nombre de todos. No es de extrañar que los que más pueden contribuir vía los impuestos a evitar o suavizar las crisis, como la actual, son los que, al final, menos lo hacen, sin hablar de que, en gran parte, las crisis son el resultado de su insaciable codicia y de sus inversiones especulativas irresponsables en la búsqueda de dinero fácil. En consecuencia, decidir qué dinero y cuánto destruir llegado un cierto momento del ciclo económico y cuando la situación económica lo requiera será la parte más fácil del sistema que propongo —abundan los modelos económicos y las teorías en este sentido—, la parte más difícil será encontrar suficiente apoyo democrático mínimo para su legitimidad y materialización institucional. Habrá voces que se opondrán con vehemencia a la destrucción del dinero, pero ¿no es exactamente esto lo que ocurre durante las crisis cuando el valor del dinero se infle y su poder de compra caiga en picado? Lo que necesitamos no es simplemente más dinero, sino más dinero de calidad. La diferencia, nada despreciable, radica en que al declarar el dinero caducable, o sea, que se le colocará en una fase intermedia antes de ser declarada caduco al término de cierto plazo, sus poseedores tendrán una última oportunidad de convertirlo en algo productivo y socialmente útil. Por supuesto, sería aconsejable que, a partir de la declaración final de caducidad, el dinero no pueda ser empleado en la compra de nada que no sea, actual o potencialmente, productivo, erradicando así de tajo la especulación y las inversiones no productivas (en activos duros o tangibles, como los terrenos y los inmuebles) que, todos sabemos, tanto daño añaden a una economía en crisis. A la creación del dinero no le quiero dedicar mucho espacio, seguirá más o menos como hasta ahora: dinero de la nada. La diferencia a partir del dinero digital, al llevar cada unidad monetaria nombre y apellidos, será que asegurar la efectividad y la transparencia de las distintas asignaciones presupuestarias en actividades económicas productivas se reducirán a una cuestión de pura informática, ahorrándose el contribuyente el engorroso, lento e injustificadamente caro aparato administrativo del Estado, y su coste de implementación y fiscalización se reducirá hasta límites comparativamente imperceptibles. Además, durante las crisis económicas, el nuevo dinero sólo podrá ser creado una vez se hayan agotado/investido todos los ahorros y los fondos ociosos de la economía. En el futuro, el gran desincentivo para los amantes del dinero será que las grandes fortunas ya no conllevarán el poder y la influencia pública que ahora dan por sentados como legítimamente inherentes; el dinero será también una responsabilidad para con los demás y para el medioambiente, responsabilidad que se hará efectiva sobre todo a través de los créditos reales y personales propuestos. Los ricos del futuro no serán sólo ricos, sino socialmente responsables también. Además, el nuevo sistema tendrá el potencial mérito de crear de oficio más ricos socialmente responsables. A los que tengan acumulada una cierta cantidad de créditos personales y presenten una media histórica de créditos situada por encima de un cierto umbral provisto en la ley se les reconozca de oficio el derecho potestativo de acceder a créditos monetarios, cuyas cuantía sea proporcional al número de créditos personales, pagaderos en dinero recién creado durante la crisis. El dinero se convertirá de este modo en la piedra angular institucional de la democracia real, al servicio del bienestar de los ciudadanos, de la justicia social, de la estabilidad económica y de la preservación del medioambiente.
12. La transición. Estamos acostumbrados a que la evolución y mutación, si se quiere, histórica de las estructuras sociales en toda su variedad se haga por saltos, cobrando a sus miembros precios irrecuperables, inhumanos e inútiles, y que la completa destrucción, creativa en contados casos, de lo viejo sea la regla. El modelo de organización social propuesto, basado en la digitalización del dinero y en la democratización del tratamiento de la información, será la gran excepción a esta regla. Es más, no sólo no supondrá destruir las antiguas estructuras y revolucionar sus ideologías, sino que las utilizará como punto de partida y vehículo para la transición, haciendo un mejor y más óptimo uso de todos sus recursos, sean éstos sociales, ideológicos o tecnológicos. Aprendida la lección histórica y tomada nota, el elemento que las nuevas estructuras sociales tendrán en común, dadas sus amplias variedades potenciales según de su contexto cultural, geográfico, tecnológico, ideológico y demográfico, será su alta adaptabilidad al cambio. Las guerras y las revoluciones reformadoras serán cosa del pasado. Si fuera a idear un plan de transición, empezaría por el desarrollo y puesta en práctica de las tecnologías que configurarían la nueva infraestructura de pagos, incluidos los internacionales, haciendo hincapié en la seguridad de las transacciones, los dispositivos únicos de pago y las plataformas o protocolos virtuales de comunicación. Esto podría durar de 2 a 5 años, ya que muchas de las tecnologías que lo harían posible ya existen, lo único que hará falta será un equipo multidisciplinario dedicado, incluyendo informáticos, ingenieros, economistas y expertos en productos financieros, expertos en sistemas de pago y compensaciones, físicos, químicos, expertos en cristalografía y en biología sintética y otros relacionados. El establecimiento de nuevas reglas e instituciones sobre los pagos y las conversiones de divisas y una campaña de información y formación específica del ciudadano, que podrían durar otros 2 años, completarían esta primera fase antes de efectivamente implementarla, infraestructura que, se entiende, estará concebida exclusivamente para aceptar pagos, compensaciones y conversiones en moneda virtual identificable. Una vez implementada la infraestructura de pagos, la transición para la institucionalización de los créditos propuestos podría llevar otros 5 años, dependiendo del grado de su aceptación y legitimización popular y política y de la agilidad de los mecanismos legales y procedimentales de implementación y funcionamiento.  Sólo al final de este período máximo de 12 años (para la implementación de la infraestructura de pagos, las reglas de pagos con su campaña de información y los créditos) se podría pasar al proceso que integraría todo el sistema: la democratización del tratamiento de la información. Esto podría durar de 5 a 10 años, dependiendo en primer lugar de la resistencia política, formal y puede que no tanto, de todos los que defienden el statu quo y, en segundo, de la efectividad de los mecanismos legales creados ad hoc para su articulación institucional. Las tecnologías, actuales y potenciales, jugarán de nuevo un papel central en esta fase del proceso y la democratización del tratamiento de la información, de la información social y económicamente relevante, es actualmente tan factible de implementar desde cero, no obstante su alto coste humanitario y material, como la democracia misma, sin hablar de su necesidad, dados los recurrentes abusos, y la corrupción, de poder de la actualidad. Proponía más arriba un dispositivo analógico de memoria personal, junto a la eliminación del papel y al cotejo oficial de documentos por medios analógicos, claves para todo el proceso de democratización del tratamiento de la información, pero lo hacía con intenciones puramente indicativas, lejos de mí pretender ser prescriptivas en alguna medida; como todas las ideas detalladas en este blog, más o menos acertadas y persuasivas, mi propuesta es más bien de tipo “qué ocurriría si” y carece, de momento, de base científica o rigor experimental alguno. Sin embargo, si el lector podría aprender algo de la aventura intelectual materializada aquí es que si yo lo pude hacer (eso es, idear y proponer, con o sin base material aparente alguna, esta audaz y holística alternativa al sistema actual) otros, trabajando en equipo, contando con la ayuda de expertos y armados con la determinación demostrada aquí de que todo es posible, seguramente que lo harán mucho mejor que yo. Lo más importante de todo ello sigue siendo la articulación institucional por las vías democráticas actuales. La diferencia, esta vez, será que el debate público para el cambio puede ser distinto de los de siempre; como los repetidos hasta la saciedad en los medios de hoy: subir los impuestos a los ricos, más y mejores prestaciones sociales para los más necesitados, crear puestos de trabajo, construir más viviendas públicas, regular más y gravar con más impuestos a los bancos y al sector financiero, etc. Las opciones del ciudadano a pie para promover el cambio y mejorar su vida se ampliarán considerablemente y ganarán relevancia, sobre todo económica. Pasará de una posición pasiva y de dependencia que se resume en votar, pagar impuestos, sacar la basura y manifestarse en la calle cuando sus derechos sean abusados por gobiernos irresponsables e impotentes, a una fortalecida posición de ser el artífice de su propia vida, empezando por la posibilidad de controlar tanto la creación y asignación del dinero en la economía, como la información pública que le concierne. Todo lo demás, o sea, la función pública del Estado, podrá seguir en gran parte igual, pero mucho más eficiente y transparente, sin igual en la historia de las democracias.
13. Conclusión. En la primera línea dejaba claro que lo que me motivó escribir el blog fue dar algo de qué hablar. A pesar de ello, según he ido escribiendo, he hecho algunas afirmaciones y exposiciones gráficas que parecen sugerir otra cosa; lo hice en aras de la argumentación y de la claridad expositiva, el blog sigue siendo en esencia una sincera invitación al debate. Mi mayor preocupación acerca de los actuales debates públicos de reforma de la democracia y de los procesos políticos que los materializan es que se obvia lo más importante, a pesar de ser el elefante blanco de la habitación: el dinero y, consecuentemente, toda la información que está detrás y se deriva del empleo del mismo en la economía. Asimismo, se excluye recurrentemente de los debates públicos, por su supuesta irrelevancia, el hecho de que las personas físicas son en realidad y a fin de cuentas más importantes que cualquier abstracción o ficción legal o social creadas para ciertos fines o funciones, incluidas algunas instituciones tan incuestionables como el dinero y el estado. En contra de lo que el sentido común nos dicta de ordinario, cuando dichas instituciones empezaron a alejarse gradualmente de su razón y base de existir - eso es, las personas y su bienestar - para acabar siendo fines en sí mismas, a pesar de su obvio carácter instrumental, accidental y contingente, no hemos tenido más remedio que dejar que el sistema entero se amolde a esta nueva forma y encaje sus renovados y menos transparentes fines y principios operativos, todos ellos servidos con brillantes envoltorios de legitimidad democrática, bien común, estabilidad y seguridad. De ahí que cualquier cambio favorable a los ciudadanos tenga que usar una retórica diferente e ir directamente a la base sobre la cual se sustenta todo el sistema. ¿Pero qué es el sistema? El sistema somos todos nosotros junto a la información que representa y relativamente califica todas nuestras acciones socialmente relevantes, siendo nosotros mismos y nuestro bienestar, sin olvidar el medioambiente, los que tengamos que acomodar en nuestras vidas a esos fríos y calculadores “mutantes” y encajar su incómoda y perturbadora presencia. La solución podría, y debe, ser simple, y eso lo que en esencia trata el blog: unas directrices o pasos a seguir para modificar o, en su caso, recrear todas las ficciones (institucionales) necesarias para la estabilidad económica y la justicia social, asegurando de paso que no se repita la historia de hacerlo con cargo al bienestar de todos y con el precio de destruir irreversiblemente nuestro hábitat natural. Sea el sistema que sea el que gane la competición, una cosa está clara, o vamos a resolverlo todos o, de lo contrario, vamos a sufrirlo todos. De momento parece que gana el capitalismo (de compadres) destructivo e irresponsable para con los demás y con el medioambiente. Menos mal, diría, que el resto de nosotros, el 99% para ser exacto, es "demasiado grande para fallar" y que ahora disponemos de una herramienta social que las élites no habían previsto o no habían contado que podría resultar tan determinante para revertir el sistema que ahora controlan en todas sus instancias: el Internet y sus consecuentes tecnologías de la información y la comunicación. La situación actual de emergencia de la humanidad no se debe a la naturaleza supuestamente destructiva del hombre, sino al mal funcionamiento y a las distorsiones de las instituciones que las élites, unas muy reducidas clases de entre nosotros, han ido creando para subyugar, a través de la fuerza física o la persuasión y otros métodos indirectos y opacos,  y dominar finalmente a todos los demás. El hombre, en estado puro y dejado a su suerte (pero no en el sentido anárquico abogado por algunos; reflexiones con las cuales no identifico en medida alguna mis ideas), resulta ser ingenioso y cooperativo, pero siempre habrá algunos que querrán tener más poder, antes que todos los demás, valiéndose para ello de todo lo que haga falta y a cualquier precio y poniendo en peligro hasta la preservación de la humanidad entera; la historia de los últimos 6 milenios nos ofrece un testimonio suficientemente fiable y elocuente de la obstinada recurrencia de este fenómeno social y de la garantía de que volverá a ocurrir de nuevo en la actualidad. De ahí que necesitamos un sistema, cualquiera que sea éste, antes que ningún sistema que base su funcionamiento y preservación sólo en las conciencias de sus agentes conscientes y racionales (abundan en la red soluciones construidas sobre esta utopía), que prevenga ante todo la acumulación y el uso irresponsable del poder, sobre todo, político.  A pesar de la familiar e inocua percepción que tenemos acerca de él, poder político, en su sentido histórico, equivale a intención de "domesticar" y dominar y no es un rasgo de la naturaleza humana. Las élites, acertadamente definidas por Owen Jones en su reciente libro, 2014, The Establishment: And how they get away with it, han conseguido salirse con la suya sólo porque los modelos de organización social y política lo permiten; de hecho, han sido diseñados a propósito para hacerlo posible, a través de herramientas tan aparentemente inofensivas y legítimas como el dinero, la educación y el trabajo remunerado. Lo que creo que tiene de especial o, diría incluso, de poco convencional la receta para el cambio propuesta en este blog es que no supondrá, como hasta ahora, destruir o reformar (revoluciones o guerras, nuevas leyes, etc.) las estructuras antiguas para conseguir cualquier cambio favorable, justo y acorde a la realidad social que las condiciona. Asimismo, que su implementación no dependerá exclusivamente de la conciencia de los ciudadanos y de una quimérica especie de consenso democrático espontáneo para poner las bases de unas instituciones que garanticen el bienestar todos y la participación de todos en todos los procesos decisorios. Será más bien una herramienta social para definir y transparentar, por así decirlo, conciencias, menos preocupada por la implementación de ciertas y exactas instituciones, estructuras sociales o regímenes políticos, y de allí de crear más leyes y leyes más complejas. O sea, que seguirá existiendo la función y la autoridad públicas, empresas líderes en el mercado y ricos, pero para todos ellos el dinero y el capital acumulado sólo serán unas herramientas más, medios para un cierto y democráticamente legítimo fin, y no el contaminante combustible de la megalomanía, la ocupación y la explotación de los recursos naturales, la destrucción bélica y el imperialismo. Es más, la transición se hará a través de los mismos medios y para los mismos fines que dichas élites nos predican hoy como legítimamente consensuados y prioritarios, pero que subrepticiamente han aprovechado para fortalecer su posición dominante y al servicio de su agenda exclusiva y excluyente. La transición se hará a través de las vías democráticas existentes en la actualidad y conservando los mismos innegables y legítimos propósitos como la estabilidad económica, el bienestar de los ciudadanos y la conservación del medioambiente; no veo modo alguno por parte de las élites de reconocer a estos propósitos como socialmente justos y prioritarios. Las viejas excusas de la seguridad nacional (amenazas militares, terrorismo, los riesgos medioambientales, la migraciones masivas, etc.), la privacidad, la necesidad de crecimiento económico y de creación de puestos de trabajo para todos que las élites han usado para justificar la acumulación de poder y sus privilegios perderán su fuerza argumentativa o persuasiva y se diluirán o pasarán a segundos planos entre los demás asuntos sociales y económicos de las sociedades futuras; serán asunto y responsabilidad de todos en el orden prioritario que todos decidan y que lleven consecuentemente a buen fin. Teniendo como base funcional un sistema único, impersonal e inclusive de la información, un sistema que lo sabe o que tiene el potencial de saberlo todo y que permite ser accedido y usado por todos en condiciones de seguridad e interdependencia, las sociedades del futuro serán capaces de crecer en armonía y paz y de un modo efectivo sin la necesidad de poner toda su confianza y todos sus recursos en rígidas estructuras jerarquizadas y en utopías o ideologías fallidas del pasado. El hombre tecnológico moderno estará en el centro tanto de sus preocupaciones y necesidades como de las soluciones prácticas a ellas. ¡Gracias por haber aguantado conmigo hasta el final y, en su caso, por su colaboración al debate!

Ciprián Galaón Demaría

Abogado lingüista